Columnistas

Fiscalía de causas perdidas

Es preocupante que el Ministerio Público incurra en traspiés que minan la confianza en la justicia. La Corte Plena es la obligada a dar un punto de inflexión

El Ministerio Público cumple una función esencial en la sociedad y, por ello, sus traspiés deberían ser mínimos con el fin de evitar que la credibilidad sea socavada.

Sin embargo, los resbalones son notorios y deben prender luz roja en los magistrados de la Corte Plena para redirigir a esta entidad hacia la eficacia en la justicia, pues múltiples hechos dejan ver una obsesión por prolongar procesos judiciales —por cierto, mediáticos—, para, al final, dar los casos por perdidos. El costo económico es millonario, pero el peor daño es para la confianza pública.

La espectacularidad de los allanamientos con que comienzan muchas investigaciones se desvanece luego por falta de pruebas, errores de trámite o hasta por prescripción. Aunque muchos acusados terminan declarados inocentes años después, ante el ojo ciudadano ya fueron condenados. El daño está hecho.

Hay procesos tan perversos como el incoado contra un futbolista acusado en el 2018 de cuatro delitos de violación. Los tribunales lo absolvieron dos veces; sin embargo, el Ministerio Público apeló para ir a un tercer juicio y, al final de ese debate, solicitó la absolutoria en este 2022. ¿Qué sentido tuvo el martirio?

Igual de grave es el caso de un exmandatario, cuyo proceso comenzó en el 2001 y se le acusó nueve años después. Esta es la hora en que no ha ido a juicio. Solo esa eternidad de 21 años es una condena.

Un caso de supuesta estafa por ventas fantasmas a la CCSS, hace una década, resultó un fiasco, porque después de mucho aspaviento, en el 2020, también se pidió la absolutoria de los tres imputados, a los que la institución señala de daño por $3 millones.

La lista podría ser más larga, pero no se trata de sacar más trapos al sol, sino de que los magistrados comprendan que en el Ministerio Público hay problemas de eficacia. Parece ser que el escándalo del 2017, que llevó a remover al entonces fiscal Jorge Chavarría, o que la estrepitosa salida de Emilia Navas en el 2021, no ha llevado a un punto de inflexión, pues un año después de la salida de Navas ni siquiera hay fiscal nombrado en propiedad.

El Ministerio Público requiere una cabeza pensante, que dé dirección, priorice, escoja batallas e infunda confianza en la justicia. El país no está para una Fiscalía de causas perdidas.

amayorga@nacion.com

Armando Mayorga

Armando Mayorga

Ingresó a La Nación en 1986. En 1990 pasó a coordinar la sección Nacionales y en 1995 asumió una jefatura de información; desde 2010 es jefe de Redacción. Estudió en la UCR; en la U Latina obtuvo el bachillerato y en la Universidad de Barcelona, España, una maestría en Periodismo.

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