Armando González R.. 8 julio, 2017

Auditores del Ministerio de Educación Pública (MEP) constataron, una vez más, la práctica de “inflar” números de matrícula para elevar los ingresos de algunos educadores mediante el pago de lecciones no ofrecidas. La anomalía fue detectada en varios colegios técnicos nocturnos, pero ha sido frecuente en otras instituciones educativas.

Estudios de auditoría ejecutados en años recientes hacen sospechar de un fraude cercano al 20% de la matrícula. Es mucho dinero y mucha falta de control. Los directores de centros educativos informan sobre la matrícula y cuentan con la escasa supervisión del MEP para mantener el engaño.

Cuando los auditores identifican la diferencia entre la matrícula reportada y el número de estudiantes en las aulas, los directores alegan la deserción estudiantil en los meses transcurridos después de la matrícula. Sin embargo, las autoridades confían en sus hallazgos y dicen haber identificado a los estudiantes “fantasma” sin tomar en cuenta las deserciones y traslados. Por otra parte, valdría la pena preguntar a los docentes si no notan el pago en exceso cuando el Ministerio les gira el salario.

El asunto preocupa en varios planos. Los implicados son maestros a quienes se confía la formación de los jóvenes. Además, el engaño no es posible sin la participación de la más alta jerarquía de cada centro educativo. Los altos porcentajes de “inflación” de la matrícula son, en sí mismos, preocupantes, porque subrayan la falta de controles adecuados. También alarma la persistencia del problema, cuya solución debió aparecer hace años.

Pero nada preocupa tanto como la tibia respuesta del Departamento de Recursos Humanos del MEP ante los hechos constatados por la auditoría. El informe está bajo análisis para “subsanar” las anomalías detectadas, no para establecer responsabilidades e iniciar los procedimientos administrativos y judiciales del caso.

Mucho puede mejorar la supervisión del MEP, como quedó demostrado. Las oportunidades de abuso deben ser erradicadas y si los sistemas fallan, es necesario subsanar sus debilidades, pero ningún procedimiento impedirá las desviaciones si al final del camino solo espera la impunidad.

Los esfuerzos de la auditoría servirán de muy poco si tan solo conducen a “subsanar” errores del sistema. Cada parche, no importa su eficacia, se constituirá en una invitación para renovar los engaños con otros capaces de burlar los controles mientras hacerlo no tenga consecuencias.

Armando González es director de La Nación.