Jorge Woodbridge. 6 enero

En 1995 se abrió la competencia total en el sector financiero, los monopolios estatales llegaron a su fin y, con ello, fue posible que los bancos privados existentes, como el BCT, Interfín y Banex, entre otros, recibieran depósitos a la vista, abrieran cuentas corrientes y tuvieran acceso a líneas de crédito otorgadas por el Banco Central (BCCR).

Al mismo tiempo se fortaleció la apertura de la cuenta de capitales, la evolución del régimen cambiario, la modernización del mercado de valores, la creación de bancos comerciales privados, el ingreso de bancos internacionales, el fortalecimiento del sistema de pagos, una mayor supervisión y cambios en la estructura e independencia del BCCR.

Sin embargo, también se crearon una serie de asimetrías que no permitieron una competencia más igualitaria que condujera a reducir los altos márgenes de intermediación existentes hasta hoy. Por ejemplo, un depósito a seis meses en dólares, en un banco ganará el 1 % en ese lapso, mientras que por un crédito cobrará hasta el 9 % de interés.

Entre las cosas buenas de la apertura están la competencia, la eficiencia, la regulación y la supervisión. Antes de este acontecimiento, el BCCR planificaba los límites de crédito y establecía tasas de intereses diferenciadas por actividades y encajes. Con el papel protagonista del BCCR se perdía el análisis de cuáles eran las demandas reales de la economía, cuáles los riesgos y cuánta la eficiencia. La banca de esa época era engorrosa e ineficiente y solo recibía órdenes del BCCR, cuya pretensión era ser “el nervio y motor del desarrollo”, sin preocuparse, básicamente, por la estabilidad monetaria y la liquidez de la banca.

La reforma financiera autorizó al BCCR a dar préstamos a bancos privados y flexibilizar comisiones. También se dio más libertad a los topes de cartera, tasas de interés y mercado de valores. Parte de ese cambio fue la creación de la banca para el desarrollo y del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) para operar a través de las superintendencias financieras (Sugef), valores (Sugeval), pensiones (Supén) y seguros (Sugese). Instituciones cuyo fin es lograr mayor eficiencia, confianza, estabilidad, competencia, transparencia, verificación de riesgos, análisis de liquidez, rendimientos, planificación, tecnología y otros.

Reglas más estrictas. Para proteger a los ahorrantes, en paralelo a la apertura del sistema financiero, se aumentó la supervisión para fijar límites de capital, capacidad de absorción de pérdidas y protección ante una quiebra, de acuerdo con las regulaciones establecidas en los Acuerdos de Basilea, que homogeneiza los requisitos a escala global y reúne a todas las autoridades bancarias. Su función central es fortalecer la solidez de los sistemas financieros y regular el capital mínimo que debe tener una entidad bancaria en función del riesgo. Asimismo, fueron incorporadas las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para la comparabilidad y lectura de todas las entidades financieras. Con todas estas regulaciones se obtiene transparencia y se evitan apalancamientos excesivos, escasez de liquidez, caída del valor de los activos y capital bancario malo.

A pesar de los controles. En 1994, el presidente José María Figueres cerró el Banco Anglo, fundado hacía 131 años. El costo ascendió a $50 millones. La decisión se basó en el alto endeudamiento externo, la captación de recursos sin encaje, inversiones en bonos de Venezuela, préstamos mal otorgados y altos costos operativos.

En el 2018, le llegó el turno al centenario Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), el cual debió ser intervenido por el Conassif y luego se fusionó con el Banco de Costa Rica (BCR) debido a los graves problemas de liquidez, por una cartera de crédito en problemas y altos costos operativos. La pérdida fue cuantificada en ¢52.000 millones.

Otro fiasco del sector financiero, para los bolsillos de los costarricenses, es el famoso caso del cemento chino. A una empresa de limitado capital y experiencia la banca pública le prestó $45,5 millones y cinco bancos privados, en conjunto, le dieron $4,3 millones.

Muchos intermediarios. Tenemos una amplia variedad de intermediarios financieros: bancos comerciales del Estado, cooperativas, entidades para la vivienda, bancos creados por leyes especiales y entidades no financieras. En total son 48 instituciones, entre las cuales, en el 2017, la banca estatal era dominante al poseer el 38,5 % de los activos, los bancos privados y cooperativos un 32 %, las empresas financieras no bancarias un 1,1 %, las cooperativas de ahorro y crédito un 9,9 %, los bancos creados por leyes especiales el 11,1%, las entidades de vivienda un 3,6 % y otras más un 3,5 %.

Todas esas instituciones cuentan con diferentes marcos de gobernanza en sus juntas directivas, acceso a depósitos a la vista, garantías, tratamiento tributario, cargas parafiscales, salarios, contratación administrativa, encajes, reservas legales, peajes y acceso a depósitos de instituciones públicas. La asimetría impide una competencia ordenada en el mercado financiero.

No parece lógico que unas instituciones paguen renta y otras no. Por seguridad, parece relevante que solo el BCR y el Banco Nacional manejen los recursos públicos. Esta ventaja competitiva, les debería permitir a los bancos estatales reducir costos de intermediación; no obstante, el involucramiento de la política y las cargas parafiscales son vulnerabilidades que siguen afectando su competitividad.

La reforma pendiente consiste en que todos los intermediarios paguen la misma tabla de renta sobre los ingresos e intereses, eliminar la totalidad de las cargas parafiscales y establecer las mismas reglas. Los recursos para las cooperativas, el financiamiento para el desarrollo, los fondos para la Comisión Nacional de Emergencias, las becas de estudios y los fondos para pymes y aportes al IVM deben salir del presupuesto nacional, no de los intermediarios financieros.

Retos. Debe estar claro que la garantía del Estado a los bancos estatales es un pasivo contingente que al final lo pagan todos los costarricenses. Las pérdidas por la quiebra del Banco Anglo y por los malos negocios las vamos a tener que asumir todos con más impuestos. El no tener garantías, acceso a fondos públicos y el costo del peaje ha conducido a los bancos privados a concentrarse en moneda extranjera y asumir el riesgo cambiario. Eso nos ha conducido a una alta dolarización y una mayor vulnerabilidad.

Hay que despolitizar el nombramiento de los directores de los bancos públicos para asegurar la idoneidad de las juntas directivas y las gerencias.

Las reformas financieras son tan urgentes como las del ordenamiento fiscal. Debemos seguir aumentando la profundización bancaria, reducir los costos de intermediación y la marcada dolarización de activos y pasivos financieros. Es prioritario permitir tener un fondo de garantía para todos los intermediarios financieros, un mecanismo de resolución financiera para proteger a los ahorrantes y una supervisión consolidada.

Hay que prepararse para el fortalecimiento de una nueva banca, que evoluciona aceleradamente ante un cambio de alta innovación y tecnología.

Como parte del mejoramiento del mercado financiero, debemos preocuparnos por la supervisión de los fondos de pensiones, la situación fiscal tan vulnerable, el alto endeudamiento en dólares de los clientes de los bancos, la protección de los ahorrantes y el ordenamiento del mercado secundario de la deuda pública.

El autor es ingeniero.