Costa Rica es el miembro pleno número 38 de la OCDE y el cuarto en Latinoamérica, junto con México, Chile y Colombia. Como parte del proceso, que tomó 8 años, los 22 comités técnicos de esa organización evaluaron el estado del país en diversas áreas y propusieron recomendaciones que fueron adoptadas como compromisos del país.
Para aquellas que requerían leyes, se estableció una comisión legislativa que trabajó cerca de un año en la aprobación de 14 proyectos para cumplir los requisitos mínimos. Abarcó tres administraciones y decenas de instituciones y organizaciones civiles.
Utilizando las estadísticas y mediciones públicas que haremos como miembros de la OCDE nos compararemos con los países más desarrollados, podemos adoptar políticas públicas y mejores prácticas internacionales y mejorar la transparencia, el acceso a la información y el gobierno digital, entre otros.
El Comité de Política de Economía Digital en su informe del 2017 hizo una serie de observaciones sobre nuestro desarrollo en la materia, agrupadas en 14 áreas relativas a la economía de Internet, los mercados de comunicaciones competitivos, la protección de datos y la gestión de riesgos de seguridad. En este primer artículo vamos a enfocarnos en Internet y banda ancha.
La OCDE nos evaluó muy bien en políticas de Internet, porque Costa Rica se adhirió a la recomendación del Consejo de Principios para la Elaboración de Políticas de Internet en el 2012 y el país apoya una Internet abierta y descentralizada, garantizando la protección de datos personales.
Banda ancha. Según la OCDE, el 81 % de la población costarricense utiliza Internet (puesto 27.° entre los 38 países miembros) y el 86 % de las viviendas cuentan con acceso a la red (puesto 24.° de 38). Empero, esas conexiones son mayoritariamente móviles que, aunque muy asequibles, tienen un ancho de banda limitado.
El BID calcula que un aumento del 10 % en la penetración de banda ancha en países latinoamericanos incrementaría el PIB en un 3,2 %. Banda ancha se refiere a la amplitud de la velocidad de Internet. Es el ancho de la «tubería de Internet» que llega al hogar o a los celulares.
Existen dos tipos de conexiones: alámbrica (fija) e inalámbrica (móvil). Además, hay dos velocidades: de subida (carga) y de bajada (descarga). Muchas conexiones (tanto fijas como móviles) son asimétricas, es decir, ofrecen velocidades diferentes de subida y bajada, por lo que una definición de banda ancha debe contemplar ambas direcciones.
EE. UU., por ejemplo, define banda ancha como toda velocidad igual o superior a 25 megabits por segundo de descarga y 3 megabits por segundo de carga, tanto para conexiones fijas como móviles. Es un buen parámetro para nuestro país.
Unos 170 países dicen tener algún tipo de plan de banda ancha, y Costa Rica no es la excepción. Como parte del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y desde la apertura de este mercado, el Estado ha desarrollado, a través de Fonatel, proyectos de acceso y servicio universal en áreas en las cuales no es económicamente viable para los proveedores desplegar infraestructura, pero la ejecución ha sido lenta e incompleta.
Según el MEP, la pandemia reveló que la tercera parte de los estudiantes de la educación pública no cuenta ni con equipo ni con conectividad para asistir a clases virtuales, y 9 de las 27 regiones educativas no alcanzan ni el 50 % de los estudiantes conectados a Internet, por lo que el MEP tuvo que suspender el curso lectivo hasta mediados de julio.
La brecha digital no espera a nadie y la falta de banda ancha asequible está acrecentando aún más la brecha educativa.
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Barreras. Por otro lado, la OCDE, en su último informe de perspectivas económicas para América Latina y el Caribe, determinó que en el país la cantidad de usuarios de banda ancha móvil eran 100 por cada 100 habitantes (8.° en el mundo) y de banda ancha fija eran 17 por cada 100 habitantes (72.° en el mundo). Esta brecha se debe a dos factores: asequibilidad del servicio y acceso a equipo.
En Costa Rica, el servicio básico de Internet móvil es muy asequible, pero el fijo no. Según el reporte de la Alliance for Affordable Internet (A4AI), en el 2020, Costa Rica ocupó el tercer lugar entre 61 países en asequibilidad de los servicios de Internet móvil.
El ciudadano promedio invierte un 0,7 % ($7) de su ingreso bruto mensual en una conexión básica de un gigabyte de datos de bajada, monto que está muy por debajo del 2 % recomendado como valor máximo meta.
Empero, en banda ancha fija, la realidad es otra, ya que el costarricense promedio invierte el 1,79 % del ingreso bruto per cápita en un paquete básico (2,5 veces más caro que el servicio móvil).
Esto se debe a que las redes fijas no han tenido el mismo volumen de inversión que han recibido las redes celulares durante la última década y, aunque el costo ha bajado a menos de la mitad en los pasados cinco años, el servicio fijo tiene aún poca cobertura y es relativamente caro de instalar.
Una instalación de fibra óptica al hogar (FTTH) puede costar, en promedio, unos $600 para el operador, que deben necesariamente ser cargados al servicio de suscripción.
Por otro lado, solo recientemente, Fonatel decidió lanzar el programa 5, llamado Banda Ancha Solidaria, que se utiliza para la red del bicentenario, que debió haberlo hecho hace años.
La segunda barrera para acceder a banda ancha fija en el hogar es la asequibilidad de los equipos (laptops y tablets), principalmente para los primeros dos quintiles de la población.
Para paliar el problema, hace tres semanas, Fonatel adjudicó la compra de 86.000 equipos como parte del programa de Hogares Conectados. Un paso en la dirección correcta.
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Comparación con la OCDE. La falta de banda ancha fija asequible y de amplia cobertura es un desafío para el país. Según el índice de preparación de la red (NRI), Costa Rica ocupa el puesto 35 entre los 38 países de la OCDE, solo supera a Turquía, México y Colombia.
El índice toma en cuenta el ambiente político regulatorio, de negocios e innovación, la infraestructura digital, asequibilidad, habilidades, el uso individual, el uso empresarial y gubernamental y el impacto económico y social.
Claramente, en estas áreas, tenemos mucho margen de mejora en comparación con nuestros colegas de la OCDE, y hacia ahí debemos enfocar nuestros esfuerzos a partir de ahora.
Lo que sí es cierto es que, mediante el establecimiento de un marco regulatorio adecuado, la ejecución de políticas públicas modernas y una verdadera competencia, Costa Rica alcanzó grados de asequibilidad del servicio de Internet móvil envidiable a escala mundial, producto directo de la apertura del mercado de las telecomunicaciones. Nos toca ahora llevarlo a la banda ancha fija.
Es fundamental recordar que el acceso a Internet debe ser universal, y no olvidar las otras dimensiones de la brecha digital: el uso y la apropiación. De esto hablaremos en el próximo artículo.
marcelo.jenkins.coronas@gmail.com
Marcelo Jenkins es profesor en la Universidad de Costa Rica y Mariela Palma, consultora en comercio exterior.