Iván Molina Jiménez. 21 julio, 2018

Como en un déjà vu, la administración de Carlos Alvarado –que a veces se asemeja más a la del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) que a la del Partido Acción Ciudadana (PAC)– optó por concentrar su esfuerzo inicial en reformar el Estado.

Aunque todavía no se menciona la posibilidad de implementar políticas de movilidad laboral ni se clama por la venta o privatización de activos públicos, esos fantasmas de gobiernos pasados parecen estar a solo un paso de volver a deambular por Zapote.

De hecho, la consigna de que el Estado costarricense debe ser minimizado ha cobrado nuevo brío entre algunos sectores, tanto en términos de disminuir el número de instituciones públicas como de reducir los salarios de los empleados públicos.

Precisamente porque servicios como la educación y la salud son predominantemente estatales, la política social del Estado costarricense ha subsidiado históricamente al sector privado

Tamaño. Según las mejores estimaciones disponibles, la planilla pública está compuesta por entre un mínimo de 277.391 y un máximo de 330.000 funcionarios que, de acuerdo con los últimos cálculos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), representarían entre el 13,7 % y el 15,9 % de la población ocupada del país.

En el contexto de América Central, el tamaño del sector público costarricense es gigantesco, ya que los empleados estatales, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), constituyen apenas el 6,3 % de la población ocupada en Guatemala, el 7,1 % en El Salvador, el 6,7 % en Honduras y el 3,7 % en Nicaragua; de esta tendencia solo se exceptúan Belice con 10,9 % y Panamá, con un 15,3 %.

A escala del resto de América Latina y el Caribe, hay ocho países con una proporción de funcionarios públicos superior a la de Costa Rica, tres con un porcentaje similar y ocho con una participación menor.

Si bien el empleo público costarricense prácticamente duplica al de Japón (7,7 %), está muy por debajo del sueco (28,9 %) y prácticamente se equipara con el que prevalece en la capital del capitalismo mundial: Estados Unidos (15 %).

En pocas palabras: el tamaño de la planilla estatal en Costa Rica no es apocalípticamente desproporcionada y comparativamente se ubica en una posición intermedia entre los Estados máximos y los mínimos.

Pobreza. Según datos de esa organización comunista internacional conocida como el Banco Mundial, la pobreza, medida como la proporción de personas que viven con menos de $5,5 diarios –a precios internacionales del 2011–, asciende a 48,8 % en Guatemala, a 30,7 % en El Salvador, a 50,4 % en Honduras y a 34,8 % en Nicaragua (para Belice el valor correspondiente, con base en una estimación muy aproximada, se ubicaría alrededor del 30 %).

Panamá y Costa Rica, con una pobreza del 14,6 % y del 10,7 %, respectivamente, se distancian de manera decisiva del modelo predominante en el resto de América Central. Mucha de esta diferencia se explica por la mayor productividad de sus economías, según se desprende del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita.

Mientras el PIB per cápita, en dólares corrientes, es de $4.471 en Guatemala, de $3.889 en El Salvador, de $2.480 en Honduras, de $2.222 en Nicaragua y de $4.906 en Belice, los valores costarricenses ascienden a $11.631 y los panameños a $15.088.

La correlación positiva que parece haber entre mayor empleo público, productividad más alta y menos pobres no es, sin embargo, perfecta: aunque Panamá tiene un PIB per cápita más elevado que el de Costa Rica y una proporción de funcionarios estatales similar a la costarricense, ha sido menos exitoso en disminuir la pobreza.

Comparaciones. En Uruguay, el PIB per cápita es de $16.246, el empleo público asciende a 15 % de la población ocupada y la pobreza –después de la pavorosa administración izquierdista de José Mujica– es de 3,7 % (siempre según los sospechosos datos del Banco Mundial). Chile, a su vez, tiene un PIB per cápita de $15.346, el funcionariado representa alrededor del 11 % y la pobreza ronda el 10,1 %.

Costa Rica, con una productividad inferior a la de Chile y una planilla estatal superior, ha logrado reducir la pobreza en una proporción casi similar; pero, pese a que el tamaño del sector público costarricense es semejante al de Uruguay, la productividad y la disminución en el porcentaje de pobres son muy inferiores.

La ventaja de Uruguay es particularmente significativa porque dicho país arrastra el lastre de tener que financiar a las fuerzas armadas; en contraste, Costa Rica, que no tiene que despilfarrar recursos en los militares, no ha logrado que su inversión pública produzca mejores resultados en términos de elevar la productividad y reducir la pobreza.

Para los especialistas de Uruguay (estatistas y antiestatistas), el promedio óptimo para una buena administración pública es de un empleado estatal por cada 14 personas; en Costa Rica, la cifra correspondiente es de un funcionario por cada 15 habitantes. De aplicarse el criterio técnico uruguayo, el Estado costarricense debería emplear actualmente a un mínimo de casi 360.000 individuos.

Inelasticidad. Aunque desde una perspectiva cortoplacista centrada en el déficit fiscal, la magnitud del empleo público costarricense puede ser considerada como “el problema”, el verdadero problema es que el sector estatal no tiene los impactos que debiera en incrementar la productividad y disminuir la pobreza. Si los tuviera, una economía más dinámica generaría más recursos para el fisco.

Frente a esta situación, la solución consiste en procurar que el sector público sea más eficiente, no en recortarlo, ya que el Estado costarricense es particularmente inelástico. Según la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, 7 de cada 10 funcionarios estatales laboran en áreas estratégicas que constantemente demandan más personal (no menos): educación, salud, seguridad, justicia y administración municipal.

Precisamente por esa inelasticidad, con una reorganización de instituciones difícilmente se podría reducir el empleo público en más de un punto porcentual. Aun si esa disminución fuera política y socialmente viable, tendría poco impacto en bajar el déficit fiscal, pero sí incrementaría el desempleo y afectaría el mercado interno.

Remuneración. En los países desarrollados, por lo general no hay grandes brechas entre el salario promedio en el sector privado y en el público, y los valores respectivos no están muy distantes del PIB per cápita. Así, en Estados Unidos, la dotación pública promedio es de $56.870, la privada de $49.500 y el PIB per cápita asciende a $57.589

Los datos para Costa Rica son, en contraste, muy distintos: con un PIB de $11.631, el salario promedio anual en el sector público asciende a $19.660 ($22.937 si se incluye aguinaldo y salario escolar) y en el privado a $8.032 ($8.702 si se añade el aguinaldo).

Dicha brecha se explica por tres razones fundamentales: en el sector público hay una mayor representación de personas con títulos universitarios, el sector privado tiende a pagar el mínimo en todas las categorías ocupacionales, y en tal sector más del 20% de todos los trabajadores devenga menos del salario mínimo.

Precisamente porque servicios como la educación y la salud son predominantemente estatales, la política social del Estado costarricense ha subsidiado históricamente al sector privado: gracias a ese subsidio, dicho sector ha podido pagar los mínimos salariales en cada categoría laboral, y a veces ni eso.

En vez de desarrollarse una sinergia favorable para la mejora sistemática en la productividad entre los sectores público y privado, el subsidio estatal ha creado incentivos para que las empresas no innoven –o no lo hagan en la escala necesaria– y basen sus ganancias en un régimen de salarios ínfimos, que afecta el financiamiento del fisco y de la propia seguridad social.

Plazos. A corto plazo, el déficit fiscal podría enfrentarse con algún reordenamiento del sector público, mejores y mayores controles tributarios, incrementos en el impuesto de la renta para las grandes empresas, los profesionales que laboran por cuenta propia y los asalariados con las dotaciones más elevadas, y con topes a los pluses salariales y a las pensiones. La pensión neta máxima debería ubicarse alrededor de los $5.000 mensuales: el triple del salario público mensual promedio sin incluir aguinaldo ni salario escolar.

Dada la inelasticidad del Estado y los subsidios que directa o indirectamente proporciona al sector privado, todo intento por eliminar el “problema” del déficit mediante drásticos recortes al sector público va a crear más dificultades de las que resolvería.

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La nueva lucha

El Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa podrían ir más allá del cortoplacismo fiscalista e impulsar, a mediano plazo, una estrategia de desarrollo –basada en una transformación cualitativa de la educación– que procure, tanto en el sector público como en el privado, una correlación creciente entre salarios, ingresos, ganancias y productividad.

Liderar una cruzada para desplazar hacia abajo los salarios públicos solo lograría que Costa Rica se aproxime al resto de Centroamérica; para distanciarla más de lo que ya está, el camino por recorrer pasa por –a partir de incrementos sostenidos en la productividad– impulsar hacia arriba los salarios privados.