EscucharEl Noveno Informe Estado de la Educación alerta sobre el riesgo y la urgencia de la crisis en que se encuentra la educación, pasando del “apagón educativo” y el llamado a un acuerdo nacional del octavo informe a pedir una declaratoria de emergencia nacional.
El informe expresamente señala que su llamado a la declaratoria de emergencia no es equivalente a la establecida en el párrafo tercero del artículo 180 de la Constitución, por no encontrarse dentro de los tres supuestos de excepción: guerra, conmoción o calamidad pública, aceptados por el constituyente y reiterados por sentencias de la Sala Constitucional.
Empero, valorando la alarmante situación y que la celeridad en la toma de decisiones es indispensable para evitar daños irreparables a toda una generación de niños y jóvenes, discrepo y llamo a la reflexión de si no estaremos en este momento en esa situación que la Sala Constitucional en múltiples fallos denomina “verdaderos estados de necesidad y urgencia”.
Cito textualmente lo indicado en el informe: “El sector educativo enfrenta una coyuntura decisiva ante este sendero de involución que conduce a una educación de menor calidad y accesos cada vez más excluyentes para amplios segmentos de la población. De no modificarse, esta ruta tendrá fuertes impactos negativos sobre las personas y sobre las aspiraciones nacionales de desarrollo humano. La disyuntiva es sencilla de enunciar, pero crucial: aceptar la situación como inevitable o modificarla”.
El Diccionario panhispánico del español jurídico, de la RAE, define estado de calamidad pública como “la situación que puede decretar el Ejecutivo para evitar daños de cualquier calamidad que azote al país, así como para evitar o reducir sus efectos”. A mi juicio, el estado de la educación, acelerado por otra calamidad (pandemia), representa una de las mayores tragedias que durante décadas podría enfrentar este país por sus perversos efectos sociales.
No se trata de abrir peligrosos portillos, ni de otorgar un cheque en blanco al Ejecutivo, se trata de dimensionar el problema y reconocer que la educación es un pilar democrático y de movilidad social, y que la inacción o toma tardía de acciones podría condenar a toda una generación a la pobreza.
Nuria Marín Raventós es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica y máster en Artes Liberales por la Universidad de Harvard. Cofundadora y vicepresidenta del grupo empresarial Álvarez y Marín Corporación, fue mujer empresaria del año en el 2011 y recibió el Premio Alborada del Programa para el Desarrollo de la Mujer Empresaria de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Es profesora, analista, conferencista y miembro del Advisory Board del Wilson Center en asuntos para América Latina.
