Por: Armando González R..   16 junio

Las primeras semanas de la legislatura fueron productivas, pero el futuro no es halagüeño, a juzgar por los embates de la politiquería, hasta ahora fallidos, pero muy persistentes. En menos de dos meses, hemos sido testigos de varios intentos de desviar la función de control político para anotarle puntos al contrario.

Primero, surgió la absurda idea de investigar el proceso judicial incoado por el hermano de la ministra de Deportes de la administración Solís para exigir el pago de un premio exorbitante, fijado por ley, es decir, por los propios diputados. El entusiasmo decayó cuando quedó clara la imposibilidad de achacar corrupción a la ministra y los legisladores recordaron la existencia de la separación de poderes, amén de la participación de sus partidos en la irresponsable aprobación de la ley, un auténtico despilfarro de recursos públicos.

Luego, vino la intentona de investigar la estructura paralela utilizada en campaña por Restauración Nacional, según denuncia de su líder, el diputado Carlos Avendaño. Las instancias creadas por ley para indagar sobre esos hechos ya se abocaron al caso. El control político no existe para sustituirlas, sino para pedirles cuentas a falta de un descargo diligente de sus obligaciones.

En menos de dos meses, hemos sido testigos de varios intentos de desviar la función de control político para anotarle puntos al contrario

Ahora, los diputados de oposición aprovechan para crear un escándalo en torno a un desafortunado tuit del ministro de Educación, Édgar Mora. El funcionario expresó preocupación por las secretas angustias del suicida, pero lo hizo con torpeza inducida por la obligada síntesis del mensaje en Twitter. Lejos de hacer apología del suicidio, Mora quiso destacar la importancia de estar alertas y entrenados para identificar las señales de una perturbación capaz de desembocar en tragedia.

Pero los diputados de oposición habían encontrado una veta y, pese a la seriedad del tema, no podían dejar de explotarla. Primero, ignoraron las explicaciones del ministro e insistieron en acusarlo de hacer apología del suicidio. Luego, reunieron una amplísima mayoría para respaldar una moción contra la adopción inmediata de los protocolos desarrollados a lo largo de un año por el MEP, la CCSS, el Ministerio de Salud, el IAFA y el PANI.

No es que los legisladores tuvieran objeciones técnicas al trabajo de tantas instituciones durante tanto tiempo. Simplemente no podían permitir que el ministro invocara los protocolos, según ellos, para superar la polémica del tuit.

La formación de los jóvenes en materias de vida o muerte puede esperar.

agonzalez@nacion.com

Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.