Las situaciones extremas educan, casi nunca de manera agradable. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) llegó al extremo de suspender la concesión de nuevas pensiones del régimen no contributivo por falta de fondos para pagar los ¢82.000 mensuales concedidos a los más necesitados entre los necesitados. Son ayudas para ancianos pobres y personas con parálisis cerebral y padecimientos similares.
Mientras tanto, los excesos de los regímenes de pensiones de privilegio saltan a la vista. Para nivelar el terreno, los legisladores impusieron “contribuciones solidarias” a las pensiones con exceso de ¢2,2 millones en el régimen del magisterio y de ¢2,6 millones en el Poder Judicial.
Si se tratara de jubilaciones actuarialmente justificadas por las cotizaciones de sus beneficiarios, solo cabría objetar su falta de sujeción a los límites impuestos a las pensiones del grueso de los ciudadanos, afiliados al Régimen de Invalidez Vejez y Muerte de la CCSS. No obstante, buena parte de los excesos sale de la más extrema generosidad en la distribución de fondos públicos. El Estado contribuye muy liberalmente como patrono, tolera ventajas extraordinarias para sus empleados o, simplemente, fija beneficios exorbitantes.
Pensiones cercanas a los ¢10 millones son 122 veces mayores que las ayudas del régimen no contributivo, pero son esencialmente lo mismo: fondos públicos asignados a beneficiarios cuyas cotizaciones no los justifican. La diferencia está en la solidaridad social manifiesta en las jubilaciones del régimen no contributivo frente al injustificado premio a quienes de todas formas se ubican en la cúspide de la escala salarial.
El país debe moverse hacia un sistema donde cada cual cobra según cotizó, con dos salvedades: el límite máximo impuesto por la seguridad social y el pago de jubilaciones no contributivas a los más necesitados. Solo entonces podremos presumir de un sistema justo, con reconocimiento de diferencias estrictamente apegadas a la historia laboral del pensionado y a las necesidades de los menos favorecidos.
Las contribuciones solidarias establecidas por ley a las pensiones de lujo fueron destinadas al régimen no contributivo, pero los fondos no llegan porque el gobierno teme adelantarse al resultado de una acción de inconstitucionalidad planteada por 34 beneficiarios de grandes jubilaciones. Es una situación extrema. Debemos aprovechar para educarnos de forma que nunca más incurramos en semejantes iniquidades.
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