Armando González R.. 28 diciembre, 2019

Está por concluir el año de la resistencia a la racionalización de las remuneraciones en el sector público. La pugna no ha terminado, pero en el 2019 nos dimos cuenta de la distancia entre la aprobación de una reforma legislativa y su puesta en práctica cuando afecta a la burocracia organizada y al Poder Judicial, llamado a ser fiel de la balanza y garantía de respeto a la ley.

Esa función, paradójicamente, la invocan los funcionarios del Poder Judicial para defender la justicia de salarios y pensiones exorbitantes, así como la decisión de ignorar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Hace tiempo dejaron de ser convincentes, no solo porque sus beneficios no resisten comparación con los de otros sectores, sino porque, simplemente, ya no hay forma de pagarlos sin sacrificar el bienestar general.

El Poder Judicial, nos dicen, necesita atraer a los mejores juristas para garantizar la calidad de la administración de justicia. El argumento es incontestable, tanto que vale para cualquier otra función. Un ministro de Hacienda con mala preparación, un tonto al mando de la Cancillería o un ignorante en Seguridad Pública pueden hacer, cuando menos, tanto daño como un magistrado inepto.

Sin embargo, el costo de atraer talento al Poder Ejecutivo es mucho menor. En el gabinete hace tiempo exageramos el ahorro. Urge una revisión de los salarios en la otra dirección porque, efectivamente, muchos costarricenses talentosos no pueden prestar servicio por razones económicas. Es preciso atraerlos, pero no podemos darnos el lujo de hacerlo multiplicando las remuneraciones por más de cuatro para nivelarlas con las de los magistrados. En realidad, ni siquiera hay voluntad para hacer un aumento razonable.

Las más altas esferas del Poder Judicial también establecen un vínculo entre la probidad de los jueces y los salarios y pensiones. Los jueces honrados lo son por la misma razón que los jardineros. Tienen valores sólidos y consciencia de su importante función. Ningún salario o jubilación compite con el mercado de la corrupción y el juez dispuesto a traicionar el cargo siempre encontrará mejor postor.

Algunos lo han hecho no obstante sus atractivos salarios y planes de pensión, pero un ministro de Hacienda corrupto no es menos peligroso y el gabinete, amén de no gozar de estabilidad en el cargo, debe conformarse, por lo general, con una jubilación del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social.

agonzalez@nacion.com

Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.