Armando González R.. 10 noviembre

Carlos Ricardo Benavides, presidente de la Asamblea Legislativa, llama a completar una tarea pendiente hace ya demasiados años: la promulgación de una ley “robusta” para poner fin a las jubilaciones abusivas. En cumplimiento de sus ideales de solidaridad e igualdad, el país debe avanzar todavía más. El objetivo coherente con los valores pregonados es un régimen único de pensiones, carente de los actuales privilegios insostenibles.

Combinado con el sistema voluntario de la Ley de Protección al Trabajador, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se constituye en un sistema solidario sin eliminar la posibilidad de construir una jubilación complementaria de capitalización individual. La cancha queda nivelada y la única objeción posible partiría de quienes se consideran exentos del deber de solidaridad o se creen merecedores de recibir una parte de su retiro como regalo de la sociedad.

Cada grupo de interés tiene sus argumentos para postularse como merecedor de beneficios extraordinarios por cuenta de la colectividad, pero las excepcionalidades pocas veces alcanzan tanta estatura y casi nunca se encumbran sobre todas las demás contribuciones al desarrollo de un país próspero y democrático.

Hace tiempo, por ejemplo, un grupo de legisladores decidió reconocer los aportes del Congreso a la patria con un régimen especial, generoso y transmisible a los hijos, como si el país tuviera una deuda con ellos y sus descendientes por los servicios prestados. En la mayoría de los casos, el beneficio sobrevivió a la memoria de los supuestos méritos. En otros, nunca hubo méritos que suponer.

El llamado del diputado Benavides a “cerrar portillos” a las pensiones de lujo surgió en el curso del debate sobre la feliz iniciativa de la diputada Xiomara Rodríguez, del Partido Restauración Nacional. El proyecto pretende imponer una contribución solidaria a las pensiones superiores a ¢2,2 millones en los regímenes del magisterio y gobierno, así como a las que superen ¢2,6 millones en el Poder Judicial.

La ley no resuelve por completo las desigualdades, pero cierra brechas y representa una aproximación al ideal del régimen único. Según la Superintendencia de Pensiones, el ahorro bastaría para financiar 10.000 jubilaciones para adultos mayores en condición de pobreza. Contrastada con el número relativamente reducido de pensiones de privilegio, la cifra no deja duda sobre la inversión más deseable de los excesos pagados en la actualidad.

agonzalez@nacion.com

Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.