Armando González R.. 20 febrero

La política nunca deja de sorprender, pero si las elecciones del 2022 se ajustan a la normalidad surgida del derrumbe del bipartidismo, el próximo presidente de la República no tendrá una sólida base parlamentaria y, posiblemente, será elegido en segunda ronda. Comenzará, entonces, su penar durante cuatro largos años de alianzas instantáneas y arreglos provisionales.

El multipartidismo traicionó las esperanzas de quienes con ingenuidad lo vieron como alta expresión de la vivencia democrática. El ideal, dice la experiencia, no depende de la atomización del poder y la presencia de una miríada de puntos de vista, algunos construidos para distinguir artificialmente a sus defensores del resto de la oposición.

Depende, por el contrario, de un Estado funcional y gobernable, guiado por agrupaciones bien estructuradas, con arraigo y sentido de responsabilidad histórica. Un repaso a las fuerzas políticas vigentes revela la dificultad de enmarcar a varias de ellas en esa definición.

La fragmentación política reemplazó al bipartidismo, pero no es su consecuencia. La preeminencia de dos partidos más bien disimulaba las características del diseño institucional conducentes a la dispersión. El colapso del viejo sistema creó un vacío, pero el molde es el de siempre, comenzando por el sistema de elección de diputados, con sus listas, proporcionalidad, cocientes y subcocientes.

La ausencia de dos o tres fuerzas dominantes invita al aventurerismo y explica el vertiginoso surgimiento y desaparición de partidos de todo signo y de varios sin signo alguno más allá del particularísimo interés de sus dirigentes. La gobernabilidad exige una reforma política, pero la política la imposibilita. Los grandes polos del bipartidismo más bien se enrumban hacia un nuevo tipo de fragmentación, ya no programática o ideológica, sino territorial. Con sus estructuras nacionales debilitadas, son presa de intereses localistas.

La tendencia se apoya en la elección prácticamente vitalicia de los alcaldes, debido a la limitada participación popular en los comicios cantonales. Como las elecciones se definen por pocos votos, se agiganta la oportunidad de apalancar el cargo para reunir el puñado de sufragios necesarios para renovar el mandato. Quizá la reforma política debería comenzar por la imposición de límites a la reelección de los alcaldes, como existen para otros cargos y por las mismas razones, además de evitar un impulso más hacia la atomización.

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