¿Será demasiado pronto para manifestar desacuerdo con las conclusiones de la comisión establecida para estudiar la reforma del Estado? No faltará quien lo diga. Después de todo, el grupo no ha tenido oportunidad de reunirse y las conclusiones no existen, salvo las de la última comisión, algunas de las cuales serán “rescatadas”.
No sabemos cuáles recomendaciones de aquel notable ejercicio serán objeto de rescate, pero sabemos que ni una sola coma del extenso documento sirvió para fundar una reforma. Eso, dirán algunos, no justifica oponerse, desde ahora, a los selectos pasajes del viejo documento considerados dignos de salvación, porque no sabemos cuáles son.
Concedo el punto. No tengo idea del planteamiento de fondo al cual estoy opuesto ni sé cuáles recomendaciones de la última comisión serán resucitadas para provocar mi desacuerdo, pero no puedo estar a favor. He transitado demasiadas veces por esta ruta para tropezar, al final, con febriles elucubraciones sobre el parlamentarismo a la tica, el presidencialismo a medias o una mezcla de los dos cuyo resultado no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.
Quizá el ambicioso objetivo de reformar el Estado invite a imaginarse arquitecto de la nación futura y eso explique las ambiciones desbordadas, aunque bien intencionadas, de los protagonistas del ejercicio. Quizá por eso el producto final no se preocupa por la viabilidad política de las recomendaciones y se dirige, de forma irremediable, a la fría madriguera de la intrascendencia.
Más confianza merecen las comisiones ad hoc, con objetivos bien delimitados y en apariencia más modestos. Pocas recomendaciones de la comisión de notables establecida para estudiar la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social han sido llevadas a la práctica, pero eso se debe a los vicios de la institución, no a la impertinencia de las propuestas. Las conclusiones de aquel grupo de notables conservan vigencia y a la Caja le convendría ponerlas en práctica.
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Por esa razón, apuesto a la segunda comisión nombrada por el presidente Carlos Alvarado. La reforma de la Administración Pública plantea problemas más concretos en este pequeño país, víctima de la maraña creada por más de 330 instituciones estatales y destacado por su alta inversión social, sin mayores logros en la lucha contra la pobreza. Con presidencialismo o sin él, Costa Rica será mucho mejor cuando erradique ese flagelo, como podría hacerlo con los recursos disponibles, según dicen notables expertos.
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Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.