Las cooperativas de ahorro y crédito son, pura y simplemente, entidades financieras con menos obligaciones tributarias. Compiten con ventaja frente a las demás empresas del ramo, públicas y privadas. Entre ellas y las cooperativas agrícolas o industriales hay pocas similitudes, pero igual se benefician del halo creado en torno al movimiento.
Las exenciones aplicadas a lucrativos negocios financieros explican el espectacular crecimiento de las cooperativas de ahorro y crédito. Datos del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) dan cuenta del enorme peso de esas cooperativas y las de seguros, mientras disminuye la importancia de las agrícolas, cuya patrimonio es mucho menos del 10 % del acumulado por las empresas financieras del sector.
Es hora de preguntar si esa es la función del cooperativismo, cuáles son los beneficios sociales y si los subsidios se justifican cuando benefician a empresas tan rentables. ¿Necesita el país un sistema bancario paralelo, exento de contribuir con el fisco y en abierta competencia con el resto del sector financiero?
Vale la pena discutirlo, pero, paradójicamente, estamos enfrascados en una discusión totalmente distinta. Los ideólogos de la llamada economía social solidaria impulsan un proyecto de ley para aflojar controles y ampliar el ámbito de acción de las empresas financieras del sector. El plan les permitiría a las cooperativas financieras entrar a la oferta pública de valores, administrar fideicomisos, hacer arrendamientos financieros y factoraje. No necesitarían autorización del Banco Central para endeudarse en el extranjero ni se les exigiría una reserva de liquidez.
En fin, serían bancos con menos regulaciones y pocas preocupaciones fiscales. Si el país nunca hubiera visto una cooperativa fallida, la propuesta sería menos sorprendente, pero hemos visto el hundimiento de muchas, para no mencionar la zozobra de bancos públicos, sometidos a todo tipo de regulaciones.
La preocupación suscitada por el proyecto de ley es tanta que el propio gobierno ha salido de sus poses habituales para pedir a los diputados más cautela y análisis, no importa el riesgo de un nuevo choque del presidente con su “hermano”, ahora distanciado, Víctor Hugo Morales Zapata.
La Presidencia solicita a los diputados ampliar consultas con los reguladores del sector financiero. Es decir, pide un mínimo de prudencia. Si los legisladores no escuchan, Dios y la patria se lo demanden, porque las consecuencias son previsibles.
Armando González es director de La Nación.
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