Es difícil entender la prisa de 33 legisladores por reducir de ¢107.000 a ¢23.415 la multa por incumplir las restricciones sanitarias a la circulación de vehículos. La sanción data de abril, cuando manteníamos la esperanza de salir mejor librados de la pandemia. Habíamos sufrido pocas muertes y el número de contagios, en los primeros meses, distaba mucho de los casos registrados ahora en cualquier día.
Ya cerca de medio millar de muertos y con un número de contagios cada vez más alarmante, los legisladores dispensaron de trámites la reforma para acabar, también, con el retiro de placas y la penalización de la licencia. La significativa reducción del riesgo de un castigo relevante, sumada a las limitaciones de la Policía de Tránsito para ejercer vigilancia, alienta las infracciones.
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Quizá sea más saludable, desde la perspectiva del civismo, eliminar del todo la autoridad concedida a las autoridades sanitarias para imponer restricciones. Si por esa vía no nos salvamos de incrementar el contagio, por lo menos preservaríamos el respeto a la ley o prevendríamos su segura violación en masa.
Es una propuesta absurda, pero no menos que correr para abaratar la inobservancia precisamente cuando la pandemia aprieta y nos vemos obligados a ensayar una apertura, hasta donde sea posible, ordenada. La circulación irrestricta no ayudará a mantener el orden y la intensificación de la pandemia podría forzar una marcha atrás, pero la ley ya no establecerá las sanciones adoptadas al inicio, precisamente para poner freno a nuestros impulsos anárquicos.
La reforma, como es evidente, no nace de una preocupación por el supuesto carácter excesivo de las sanciones, varias veces avaladas por la Sala Constitucional, sino de la antipatía hacia las restricciones, de la cual derivan dudas sobre su eficacia. Los casos de contagio han aumentado significativamente, sobre todo en el último mes y medio, dice la exposición de motivos.
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Sin embargo, los contagios estuvieron bajo control durante los primeros meses del flagelo y de vigencia de las sanciones. Las restricciones a la circulación no son una causa única a la cual atribuir la escasez de casos en aquella época o su proliferación en la actualidad. El mismo razonamiento aconsejaría volver a las multas irrisorias de la vieja ley de tránsito, cuya reforma no disminuyó el número de accidentes. No obstante, si la verdadera razón para reducir las sanciones es la supuesta inutilidad de la norma, ¿por qué no eliminarla en lugar de abaratar su incumplimiento?
agonzalez@nacion.com
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