Costa Rica cultiva una minoría privilegiada, moradora del aparato estatal y beneficiaria de ríos de recursos públicos. Los demás, la inmensa mayoría, financiamos los privilegios, sea con el pago de impuestos o, sobre todo, en el caso de los más pobres, con renuncia a la calidad y la disponibilidad de servicios estatales, incluida la asistencia social.
Solo la ceguera de quien no quiere ver impediría reconocerlo, pero pocas veces nos lo confiesan con tanta claridad como en los últimos días. Tomemos, por ejemplo, la intervención de la magistrada Julia Varela en la sesión de la Corte Plena donde los jerarcas del Poder Judicial acordaron oponerse al plan fiscal.
La magistrada integra el más alto tribunal en materia laboral. Los jueces vuelcan sus ojos hacia ella para oír consejo sobre la aplicación de la ley, al punto de exponerla a reclamos por supuesta injerencia indebida y hasta a una investigación del Ministerio Público por tráfico de influencias.
Desde esa altísima cumbre, confirmó, con franqueza pocas veces vista, la existencia de una aristocracia burocrática llena de ventajas cuya justificación no plantea dificultades. La doctrina Varela parte del reconocimiento de una “clase trabajadora del sector público” cuya compensación debe ser superior en virtud de la gravedad de sus responsabilidades. El resto, la inmensa mayoría de trabajadores, está dedicada a temas de menor seriedad. Platón se llenaría de gozo al ver plasmado su ideal gobierno de los filósofos en esta república tropical.
Pero la filosofía no es de fácil comprensión, juraría cualquier lector de Hegel, para no alargar la lista de alemanes. Luego de establecer la diferencia entre “clases trabajadoras”, la altísima intérprete del derecho laboral proclama la necesidad de compensar igual por el mismo trabajo, “en idénticas condiciones de eficiencia”. La síntesis dialéctica obliga a concluir que la “clase trabajadora del sector privado”, pese a la relativa liviandad de sus obligaciones es, al mismo tiempo, menos eficiente. No hay por qué pagarle igual en aplicación de la inaceptable “política del igualitico” (magistratus dixit).
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Si todos lo comprendiéramos, el país no sufriría esta nueva modalidad de la lucha de clases, consistente en “una polarización” entre la clase trabajadora pública y su contraparte privada. Con menos información sesgada, los trabajadores del sector privado aceptarían su destino, que es el mismo de todos los camellos.
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Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.