La Universidad de Costa Rica demuestra amplia conciencia de sus derechos y tiende a exagerarlos para defender privilegios. La autonomía universitaria es uno de los más socorridos, pero también la libertad de cátedra. Son garantías importantes, sin duda alguna. De su invocación y defensa, solo podemos lamentar los excesos, especialmente, cuando son manipulados para amparar intereses particulares de los funcionarios.
El abuso erosiona los conceptos y crea confusión sobre su verdadero significado, pero nada causa tanto daño como la invocación selectiva, con olvido de las demás garantías relativas a la libertad de conciencia y expresión. La carta abierta de 19 decanos y directores de carrera para manifestar preocupación por el rumbo del Semanario Universidad, justo cuando se discutía la renovación del nombramiento de su director y a dos meses de un revelador reportaje sobre acoso sexual en el centro de estudios, es una bofetada a las libertades de prensa y expresión, parientes cercanas de la libertad de cátedra y de la razón de ser de la autonomía universitaria.
El Semanario develó verdades incómodas, y ese no es su papel, según se desprende de la carta de los líderes académicos. En la Facultad de Derecho, el decano Alfredo Chirino se refirió a los hechos denunciados por los periodistas como una “leyenda negra” y luego se vio obligado a rectificar. En los pasillos, enfrentó reclamos de estudiantes indignados y ofreció enmiendas y transparencia. Un par de meses después, su nombre aparece entre los firmantes de la carta abierta.
El documento pide, sin mayor disimulo, una dirección “abocada a la divulgación e información del quehacer genuino” de la “comunidad académica”, lo cual le permitirá a la sociedad costarricense “mantenerse actualizada sobre los grandes aportes” de la “universidad al país”. En otras palabras: nada de crítica y mucho de loas o, quizá, propaganda.
Poco tardó el Consejo Universitario para colmar las aspiraciones de los decanos. No se molestó en votar. Simplemente sumó la puntuación obtenida por los candidatos en tres categorías de evaluación muy cuestionables. Además, declaró el resultado inapelable en abierta violación de un derecho básico.
El episodio es lamentable, pero si algo puede rescatarse es que la universidad, cuyo reclamo de magisterio moral es frecuente, se haya exhibido como es. Lo mismo ocurre con el acoso sexual. Aparte del Semanario, el resto de la institución se cerró para lavar los trapos en casa y, tal vez, no lavarlos.
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Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.