La diputada liberacionista Franggi Nicolás no denunció ante la Fiscalía el pago, sin autorización legislativa, de ¢182.000 millones a los acreedores del Estado. Solo presentó una relación de hechos, dice en una nota publicada el viernes. Además, afirma, el documento no señala como responsable a algún funcionario en particular.
La diputada dice comprender la urgencia de honrar la deuda pública porque las consecuencias del impago son gravísimas. Lo tiene claro y lo confirmará con su voto a favor del presupuesto extraordinario planteado por el Ministerio de Hacienda, lo cual no implica renuncia a un “reproche moral y hasta legal” contra la funcionaria no mencionada.
Salvo la legisladora, nadie ha hecho la distinción entre “relación de hechos” y denuncia, quizá porque estas últimas consisten en una relación de hechos considerados ilícitos por el denunciante o digamos, mejor, por el relator. También llama la atención la falta de identificación de la responsable de los hechos relatados. En ese aspecto, podemos ayudar: se llama Rocío Aguilar y es ministra de Hacienda. Confesó sin la menor muestra de arrepentimiento y el presidente de la República, testigo de excepción, le atribuye la decisión ¡y la respalda! La relación de hechos no tiene sentido si se omite este, tan importante.
El silencio sobre la autoría de los hechos relatados resta mérito al aparente celo desplegado en defensa del interés público. Lo mismo puede decirse de la falta de calificación legal. El encuadramiento definitivo de la conducta en un tipo penal corresponde a los jueces y, antes, a manera de hipótesis, a la Fiscalía, pero de ahí a manifestar duda sobre la incompatibilidad entre la ley y los hechos relatados hay un largo trecho. La legislación es clara aunque la actuación en contrario no sea, automáticamente, punible.
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El delito es un hecho típico (descrito por la ley), antijurídico y culpable. Condenar a la funcionaria no citada en la relación de hechos va a ser tan difícil como reunir esa trilogía, pero la exigencia de contar con aprobación legislativa en materia presupuestaria no está en duda. Por eso la pretensión de un examen de la Fiscalía para determinar “si existieron actos contrarios a la ley” carece de sentido, tanto como el supuesto desconocimiento de la responsable.
Si se tratara de una denuncia, habríamos creído que la diputada intentó lucirse sin entender las circunstancias de la ministra de Hacienda ni las consecuencias de incumplir las obligaciones del gobierno. Por dicha todo quedó en una relación de hechos.
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Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.