La densidad del ambiente lo torna irrespirable. Costa Rica se ha convertido en provincia de la posverdad, con un creciente número de personas dispuestas a creer siempre lo peor del prójimo y una vanguardia indecente, en la prensa, en la política y hasta en la academia, atenta a la menor oportunidad de alimentar esas convicciones.
La verdad no importa. Hay terreno fértil para sembrar cualquier duda y un coro dispuesto a magnificarla. Luego de mentir, el manual manda insistir en la mentira. Si la evidencia desmiente el infundio, la historia cambia y se ajusta sin mirar atrás. Con suficiente empeño, astucia y desdén por la verdad, la realidad se acomoda para sustentar la tesis.
Lo importante es echar a rodar la especie y mantenerla en movimiento mientras se le agota la vida útil. Luego se le descarta sin consecuencia y comienza la búsqueda de un nuevo conjunto de hechos suficientemente maleables para crear otra historia, otro escándalo. El coro no necesita tragarse la mentira. Hay fórmulas para difundirla sin responsabilizarse por la falsedad.
Para rendir homenaje a un infundio reciente, una diputada comenzó por exclamar, en sus redes sociales: “¡De ser cierto ya sería el colmo!”. Y tenía razón. De ser cierta la mentira cuya difusión impulsó con entusiasmo, sería el colmo y algo más. Probablemente sería delito y sin duda sería inmoral.
Pero no hubo colmo, inmoralidad ni delito. Solo una falsedad desmentida por pruebas incontestables. No obstante, la legisladora contribuyó a propagarla, cuidándose, eso sí, de no darla por acreditada y atribuyendo el infundio a su fuente original, no obstante los claros indicios de falsedad visibles desde el primer momento.
En este ambiente, una denuncia anónima, plagada de razonamientos imbéciles, basta para abrir una investigación penal contra el presidente de la República y un supuesto “experto” universitario divulga sus fantasías sobre destacadas empresas nacionales y la institución educativa se ve obligada a retractarlas. Diputados de oposición enfrentan denuncias por legislar en beneficio propio dada la aplicación automática de una amnistía tributaria cuando el congelamiento de los salarios legislativos, contenido en la misma ley, les causó pérdidas mayores.
Pero la verdad no importa. Hay que atizar el fuego, y quienes lo hacen no tienen la menor posibilidad de entender que cuando la temperatura suba lo suficiente de la hoguera nadie se salva, y tampoco las instituciones.
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