Armando González R.. 15 febrero

La discusión estéril es pan de cada día de la política tradicional. Si el gobierno propone vender el Banco Internacional de Costa Rica o la Fábrica Nacional de Licores, quienes siempre defendieron la idea denuncian, con razón, su insuficiencia para producir un impacto decisivo sobre el endeudamiento nacional.

Sí, el ingreso es relativamente bajo, pero el cambio de mentalidad es grande y sería irresponsable desaprovecharlo. Manos a la obra, sin equívocos ni dubitaciones. Al mismo tiempo, hay lugar para insistir en nuevas reformas. El debate no debe estancarse en la insuficiencia de la propuesta ni en exigir el ideal de cada cual como condición para aprobarla.

Reclamar, a estas alturas, la negativa del Partido Acción Ciudadana a permitir las mismas reformas en el pasado es perder el tiempo. Por un lado, el PAC es culpable de peores cosas. Por otro, es más productivo celebrar el cambio de parecer, hacer los ajustes y plantear nuevos retos, sin acompañamiento del gobierno si fuera necesario.

Tampoco tiene sentido quejarse, aunque haya razón para hacerlo, por la largueza del gasto en administraciones anteriores, cuando el gobierno lo ejercieron partidos de oposición. Lo importante es hablar del ahorro necesario en la actualidad, no solo mediante abonos extraordinarios a la deuda y obtención de mejores tasas de interés.

La idea de levantar el secreto bancario es solo un aspecto del planteamiento total. Es fácil convertirla en una mala excusa para la inacción. Pero si el propósito es avanzar, basta decir no y abocarse a otros aspectos. Aún mejor sería preguntar si en verdad la idea se reduce a la alegre intención de correr los velos o si se trata de una facultad condicionada, como la ejercida por la autoridad tributaria estadounidense.

El IRS puede pedir al contribuyente detalles de sus cuentas cuando sean necesarios para esclarecer dudas surgidas en el curso de una auditoría. Si rehúsa, puede pedírselas al banco, pero el ciudadano tiene oportunidad de oponerse y demostrar la falta de legitimidad del propósito o la irrelevancia de los datos para los fines de la administración. No es, ni puede ser, un instrumento de persecución política, ajuste de cuentas o búsqueda aleatoria de infractores. De eso deben asegurarse los diputados.

En la política necesaria para enfrentar los problemas nacionales, donde hay acuerdo se impone la rápida aprobación de lo propuesto. Donde hay razones para el debate, no se utilizan para causar parálisis. La deuda crece, sorda al debate estéril.

Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.