Armando González R.. 27 junio

La conducta de la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, contradice los principios básicos de su delicada misión. Le corresponde defender las libertades públicas, entre ellas la de expresión, pero rechaza todo cuestionamiento. Según su criterio, la crítica debilita los órganos de control y de defensa de los derechos humanos, cuyo papel es fundamental para la democracia.

La doctrina de los derechos humanos exige a los funcionarios más tolerancia a la crítica, no importa si laboran para un órgano de control. Sin el derecho a cuestionar la función pública, no hay democracia.

Pero la doctrina de los derechos humanos exige a los funcionarios más tolerancia a la crítica, no importa si laboran para un órgano de control. Sin el derecho a cuestionar la función pública, no hay democracia. Esa facultad presupone el libre acceso a las fuentes de información y, también en ese aspecto, la defensora se aparta de la conducta esperada. Ocho directores de departamento relatan, en una carta, la orden de no responder preguntas de la prensa y, más bien, canalizarlas hacia el despacho de la jerarca.

La contradictoria actuación de la defensora quedó dramáticamente plasmada en la condena de la Sala Constitucional por la violación de los derechos de uno de los investigados en el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. El exasesor Luis Salazar acudió a los magistrados porque la Defensoría desatendió su petición de acceso a piezas del expediente, indispensables para ejercer su defensa. No hay derecho humano más básico y, por eso, la condena es inusitada.

No menos sorprendente es la atribución de la falta a un error secretarial. Es una pésima excusa, pero palidece ante la explicación ofrecida por Crespo cuando los diputados preguntaron por qué tardó dos meses para informar sobre la pérdida parcial de la grabación de las declaraciones del presidente. La defensora adujo que la comisión legislativa nombrada para investigar la UPAD estuvo cerrada debido a la pandemia. No obstante, nunca dejó de recibir correspondencia, recordó la diputada Carolina Hidalgo. La respuesta de Crespo fue una incoherencia y cuando la legisladora insistió, escuchó otra evasiva.

La pérdida de la grabación salió a la luz precisamente por el recurso de amparo de Salazar. El audio defectuoso estaba entre los materiales a que tenía derecho. La defensora no tiene explicación convincente para no haber utilizado el equipo de grabación existente en la institución ni quiso identificar a quien grabó el audio en su teléfono.

La ineptitud se extiende a muchas otras aristas. No alcanza una columna para hacer el recuento. La pregunta es si Crespo permanecerá en el cargo con la credibilidad irreparablemente herida y, si lo hace, cuánta resistencia al descrédito demostrará la Defensoría.