La Caja Costarricense de Seguro social invertirá ¢15.000 millones en horas extra para reducir las listas de espera. La suma es más del doble de lo gastado el año pasado. La intención es buena y la necesidad urgente, pero desde la crisis financiera del 2011 hay propuestas para agilizar los servicios y aprovechar mejor los recursos dedicados al pago de jornadas extraordinarias.
La comisión nombrada por la presidenta Laura Chinchilla para estudiar la crisis de la institución hizo 81 recomendaciones, muchas de ellas completamente ignoradas hasta la fecha. Una es la creación de un segundo turno de atención, en parte financiado con el ahorro de fondos dedicados a horas extra y destinado a reducir permanentemente las listas de espera.
En la misma época y luego de muchas críticas, la Caja invirtió en la compra e instalación de cuatro aceleradores lineales para dejar de contratar servicios privados de radioterapia. La inversión fue comparable a los $14 millones pagados a la empresa privada en la primera década del siglo.
Desde entonces, la Caja no invirtió en nuevos aceleradores y tampoco previó la sustitución de los existentes. Los aparatos ya no dan abasto y trabajan a un ritmo insostenible. Han sido causa de breves interrupciones del servicio y los médicos temen trastornos mayores. Ante la urgencia, la institución se apresuró a anunciar la contratación de servicios privados en los próximos meses.
Entre los eternos problemas del seguro social está el descontrol de inventarios y las vulnerabilidades creadas por las compras directas cuando se acredita un desabastecimiento. El problema ha sido objeto de intenso debate y no pocos escándalos pero, a juzgar por las noticias recientes, no está resuelto a plenitud.
El martes, La Nación informó del racionamiento de las medicinas para tratar el VIH-sida y la gestión de un préstamo de 60.000 pastillas con el Instituto de Seguridad Social de El Salvador mientras se hace la adquisición urgente de las medicinas por un monto no revelado. Esa es, justamente, la práctica que la Caja se ha propuesto eliminar para bien del servicio y de sus finanzas.
Las soluciones urgentes salen caras y son difíciles de justificar cuando las necesidades son previsibles. Ni la importancia de ampliar horarios para atender a una población envejecida, ni la falta de aceleradores lineales ni las necesidades de fármacos contra el VIH son emergencias imprevisibles, pero se les sigue tratando como tales a un costo lamentable.
Armando González es director de La Nación y editor general de Grupo Nación.
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