Armando González R.. 5 diciembre, 2020

Casi por reflejo, la oposición de diversos sectores al aumento de impuestos salió al paso de la renovada intención gubernamental de armar una propuesta para el Fondo Monetario Internacional. No faltó quien aprovechara la insensatez del propio gobierno al exagerar los méritos del diálogo multisectorial para extrañarse por el anuncio de medidas ajenas a los acuerdos.

El gobierno siempre se reservó el derecho de añadir lo necesario para alcanzar una propuesta viable y quien crea en la suficiencia de los raquíticos acuerdos del diálogo necesita una calculadora básica, pero el Ejecutivo presentó las conclusiones del encuentro multisectorial como un gran logro y ahora es rehén de sus palabras.

Más allá de eso, es hora de aceptar la necesidad de un componente tributario en la propuesta para el Fondo, no en la desproporción del planteamiento fracasado en setiembre, pero sí suficiente para complementar medidas de ahorro, necesariamente mayores. Tan irreflexivo como un rechazo ad portas de todo incremento en los ingresos sería el intento de volver a la fórmula inicial por otras vías o con otro ropaje.

Una propuesta equilibrada debe partir del reconocimiento de los desequilibrios creados a lo largo de décadas. El suelo no está parejo y para comprenderlo basta con comparar el empleo público con el privado o contrastar los presupuestos de diversas instituciones con el beneficio social de su desempeño. Ni siquiera los empleados del Gobierno Central comparten el mismo terreno con la aristocracia de las instituciones autónomas.

Una propuesta, para llamarse equilibrada, no puede limitarse a financiar los desequilibrios. Debe poner al país en camino a resolverlos. Por eso, preocupan las indefiniciones del gobierno y su fracción legislativa en relación con la ley de empleo público, una oportunidad de reforma estructural orientada a restablecer el equilibrio y, a estas alturas, indispensable para mostrar voluntad de cambio y vencer la oposición a un aumento, proporcionado y razonable, de la carga tributaria.

Los pretextados derechos adquiridos y fundamentos constitucionales de las convenciones colectivas son insostenibles frente al texto de los convenios internacionales, los dictámenes de la Procuraduría y la jurisprudencia de la Sala IV. La consulta de constitucionalidad después del primer debate es, además, inevitable. Nada se perdería en el intento de dotar al país de una norma verdaderamente útil para comenzar a restablecer el equilibrio.