Armando González R.. 2 enero

El batir de alas de una mariposa afecta el funcionamiento y la organización del Poder Judicial si nos atenemos a los criterios de la Corte Plena en materia de remuneraciones. Una y otra vez, los magistrados aprovechan la obligación constitucional de consultarles sobre proyectos de ley relacionados con la administración de justicia para defender los beneficios vigentes en la institución.

La norma constitucional, pensada para impedir la injerencia política en la administración de justicia, se ha convertido en instrumento para preservar beneficios incosteables. Si las ventajas dejan de existir en el resto de la administración pública, no importa, pero la Corte, al parecer, no sobrevivirá al salario global.

Según los magistrados, la administración de justicia depende de una escala salarial fijada por sus beneficiarios y compuesta por un salario base al cual deben añadírsele pluses. Un salario global competitivo, ayuno de pluses, sembraría el caos en la judicatura y privaría a los costarricenses de un importante pilar de la democracia.

Las más recientes objeciones se le formulan a la Ley Marco de Empleo Público pero, en el 2018, la Corte se opuso con idénticas razones a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La Sala Constitucional no encontró fundamento a las objeciones y permitió la aprobación de la ley por mayoría simple, no por dos terceras partes de los diputados, como exige la Constitución para apartarse del criterio de la Corte Plena.

La Ley de Fortalecimiento ya tiene dos años de vigencia y el deterioro de la función judicial no se ve por ninguna parte. La Corte ha intentado escapar a los efectos de la norma, pero su organización y funcionamiento siguen intactos. Tampoco hay razón para pensar en una transformación radical a cuenta del salario global.

La Corte reclama tratamiento especial en cuanto a remuneraciones, pluses, ejercicio del derecho a huelga y pensiones. La importancia del Poder Judicial en una democracia no está en duda, pero sí la necesidad de privilegiarlo. Otras instituciones revisten la misma importancia. Sin ellas, la judicatura puede ser irrelevante o convertirse en instrumento de represión.

Países sumidos en el totalitarismo tuvieron jueces independientes cuya presencia no bastó para preservar la democracia. La estabilidad también requiere de un mínimo de prosperidad y Costa Rica no podrá alcanzarla si mantiene un aparato estatal incosteable, distanciado de la realidad económica que la Corte Plena no logra ver.