Los diálogos convocados por la presidencia y la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, sin método ni claridad de objetivos, comienzan a revelar lo predecible. En el mejor caso, acuerdos anodinos, fáciles de consensuar y ajenos al sentido de urgencia exigido por la crisis. En el peor, maniobras dilatorias para asegurar la subsistencia de prebendas sectoriales.
El fondo de avales es una estupenda idea, pero figura entre las medidas de estímulo desde hace meses y la única pregunta es por qué no se ha puesto en práctica. La simplificación de trámites, el fortalecimiento de la conectividad y la disminución del precio de la energía —junto con la paternidad responsable y el amor al prójimo, si queremos ampliar la lista— no encontrarán oposición, pero tampoco sirven para formular una propuesta para el Fondo Monetario Internacional.
En el Banco Popular, la aspiración de sustituir al Poder Legislativo se hizo pública la víspera del dictamen de la ley de empleo público y pronto quedó en evidencia, mediante una carta de la confederación sindical Rerum Novarum, que el llamado procura frustrar el avance de la ley de empleo público.
La participación de diversos sectores en los diálogos se orienta a proponer soluciones por cuenta de los demás y a evitar costos por cuenta propia. Como las contrapartes no aceptan y las propuestas se anulan unas a otras, todos vuelven los ojos hacia el terreno de las más fáciles coincidencias, donde nunca moran las soluciones verdaderas.
Mientras dialogan, nadie impulsa un aumento de la carga tributaria ni un recorte de privilegios en el sector público. Solo la Asamblea puede hacerlo, porque el Ejecutivo está empantanado en el diálogo. De ahí, el llamado a no dictaminar ni votar proyectos para evitar el riesgo de causar inquietud.
El Ejecutivo debe romper las cadenas autoimpuestas y trasladar la discusión al Congreso con claridad de objetivos y sentido de urgencia. Una comisión mixta, con representación del equipo económico y las fracciones legislativas, asesorada por un panel de expertos, escogidos por su experiencia y excelencia profesional, no por representatividad sectorial, permitiría forjar acuerdos de antemano validados por su eficacia y viabilidad.
Al gobierno le toca asumir el costo político de las decisiones. La comisión no debe ser percibida como un medio para desplazar ese costo y depositarlo en hombros de los diputados. En todo caso, al presidente y al país les saldrá mucho más barato que la crisis en ciernes.
agonzalez@nacion.com
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