Armando González R.. 22 febrero

El gobierno estableció una nueva marca de extinción institucional expedita. La Unidad de Análisis de Datos (UPAD) duró tanto como un confite en la puerta de la escuela. Apareció en La Gaceta, donde se publican los secretos mejor guardados del país, pero no sobrevivió a la difusión en otros medios.

No podía ser de otra manera. La oficina, adscrita a la Presidencia, pretendía acceso a la información confidencial recopilada por las demás instituciones para fortalecer el análisis de datos requeridos para tomar decisiones de política pública. El fin último es loable, pero no a costa de la confidencialidad de la información entregada por los ciudadanos para fines específicos y totalmente distintos.

Una grosera contradicción del texto revela la poca estima de sus redactores para la información personal. La nueva oficina no habría tenido acceso a todos los datos en poder de las instituciones públicas porque el decreto hacía la salvedad de los secretos de Estado. Los ciudadanos debíamos confiar nuestra información confidencial a una oficina dependiente de la Presidencia, pero el gobierno no.

Si la administración no confía en la salvaguarda de sus secretos en la UPAD, o reconoce implícitamente un riesgo, por qué habríamos de ser más confiados los ciudadanos. Pero el problema no se restringe a la posibilidad de una fuga de información. La consolidación de datos confidenciales en la Presidencia preocupa aunque hubiera garantía de la preservación del secreto según lo prometía el texto derogado.

La información ya está en los archivos de diversas instituciones, cada una de las cuales la recolecta por motivos propios. No da igual reunirla, o posibilitar su reunión, en una sola base de datos. Entre datos dispersos y consolidados hay una diferencia cualitativa. Esa es la primera enseñanza de analistas como los que poblarían las oficinas de UPAD.

Esas oficinas se ubicarían, para mayor preocupación, en el vecindario burocrático, si no físico, de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), también adscrita a la Presidencia. Ese cuerpo policial no siempre se ha distinguido por el respeto a la privacidad. La reunión de DIS y UPAD bajo la égida de la Presidencia, dirá la actual administración, no debe desvelar a nadie, pero ofrecer garantías de la conducta de administraciones futuras sería una temeridad.

En buena hora la derogatoria del decreto y, también, la intención de basar las decisiones de política pública en el análisis de datos. Es cuestión de hacerlo manteniendo a salvo la confidencialidad.

agonzález@nacion.com

Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.