Hizo bien el TSE en objetar un proyecto de ley para exigir la postulación de jóvenes a puestos elegibles en las papeletas de diputados, alcaldes, regidores y síndicos.

Por: Armando González R. Hace 4 días

Justo ahora, cuando el país está envejeciendo y el segmento electoral decisivo es la población de entre 30 y 59 años, aparece un proyecto de ley para exigir la postulación de jóvenes a puestos elegibles en las papeletas de diputados, alcaldes, regidores y síndicos. El Tribunal Supremo de Elecciones objetó el plan por temor a las complicaciones de un proceso que ya exige, con mejores razones, equidad de género en las candidaturas.

La acción afirmativa en favor de las mujeres procura enmendar la ancestral discriminación contra media humanidad, producto, exclusivamente, de los mecanismos sociales y culturales desarrollados para implantar la dominación del hombre. No hay motivos equivalentes para facilitar el acceso al poder a quienes tengan entre 18 y 35 años, como pretendía el proyecto.

Los jóvenes van para mayores. Si su condición fuera un problema, no un estado envidiable, bien podrían hallar consuelo en el transcurso del tiempo. Nada de lo dicho menosprecia el talento joven. Limitarlo sería absurdo. El país no debe cejar en su empeño de cultivarlo e integrarlo a todas las esferas de la vida pública y privada en cuanto sea posible.

El problema está en forzar esa integración mediante cuotas establecidas a capricho, sin consideración para el talento individual. El proyecto pretendía reservar el 20 % de los puestos en las papeletas para la juventud, como si se tratara de un grupo discriminado u oprimido. Mejores razones habría para reservarle un porcentaje a la tercera edad, pero sería igualmente inconveniente.

Los partidos políticos han promovido esa línea de pensamiento para congraciarse con sus “movimientos” juveniles. La participación de los jóvenes en la política, incluidos los cargos de elección popular, es más que deseable. Si algo debemos lamentar es la falta de interés en los asuntos públicos demostrada por ciudadanos de todas las edades. La política debe proporcionar espacios para el aprendizaje y también para la precocidad, siempre fundada en méritos.

La falta de preparación para la función pública es uno de los grandes defectos de la política nacional. Ojalá las nuevas generaciones sean más exigentes. Reconocer la imposibilidad de sustituir esa preparación y práctica por un mandato legal es un buen punto de partida. Lo contrario es restar valor a los cargos que los jóvenes siempre tendrán derecho a ocupar, sea como partícipes precoces o como ciudadanos a quienes les llegó el momento.

agonzalez@nacion.com

Armando González es director de La Nación.