Hace cuatro años, el presidente de la Sala Constitucional, Gilbert Armijo, lanzó una cruzada para lograr el nombramiento de magistrados suplentes antes del vencimiento de las designaciones vigentes en aquel momento. Llegada la fecha fatal, la Sala se habría visto imposibilitada de sesionar y el control de constitucionalidad cesaría abruptamente. El Congreso corrió y evitó el descalabro.
Armijo se retiró de la magistratura hace dos años, pero eso no le impide volver al protagonismo, si bien involuntario, de una escena idéntica. La Asamblea no ha llenado la plaza vacante y a lo largo de todo este tiempo la Sala logró constituir el cuórum de siete magistrados gracias a los suplentes.
Si el 16 de diciembre vence el nombramiento de los doce suplentes designados en el 2013 a urgencia de Armijo y el Congreso no ha nombrado los sustitutos, la Sala Constitucional tendrá seis magistrados propietarios y ningún suplente para completar los siete necesarios. Urgentes recursos de amparo y habeas corpus no podrán ser resueltos, para no mencionar la paralización del trámite de acciones de inconstitucionalidad y hasta las consultas planteadas por los propios legisladores, como sucede en este momento con la ley del recurso hídrico.
Esta situación no debe repetirse cada cuatro años. El nombramiento oportuno de los suplentes es una obligación del Congreso, como también la designación de los propietarios sin excesiva tardanza. La situación pone en evidencia la peligrosa incapacidad del Parlamento para tomar decisiones y, también, las falencias del sistema de elección de magistrados.
Mucho se ha dicho de las opacas negociaciones políticas para concretar nombramientos, pero espanta vernos en el punto donde ni siquiera eso funciona. Los magistrados comunicaron a los legisladores su preocupación por la inminencia del vencimiento de las designaciones de hace cuatro años. Cuando mucho, podemos aspirar a un proceso de selección apresurado, sin la ponderación exigida por decisiones tan trascendentales.
Hecha la selección de suplentes, todavía estará en el tapete el nombramiento del propietario, una decisión mucho más compleja y delicada. Es decir, si se logra en el último minuto mantener la Sala abierta, no será porque esté completa. Este drama de cada cuatro años es una razón de más para revisar el sistema de nombramiento de magistrados, como lo propone la propia Corte en los lineamientos generales de su plan de reforma, todavía en proceso de discusión.
Armando González es director de La Nación.
agonzalez@nacion.com
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