Costa Rica malgastó el bono demográfico con devastadoras consecuencias, todavía por hacerse sentir a plenitud. La población envejece en ausencia de las previsiones necesarias. Los cambios en la pirámide demográfica ponen presión sobre la seguridad social y la economía.
En ausencia de mano de obra abundante, como la del baby boom y en proporción suficiente de trabajadores activos para sostener, por ejemplo, los regímenes de pensiones, la economía solo puede cobrar dinamismo sostenible por dos vías: el rápido incremento de la productividad y la incorporación de otros grupos a las labores remuneradas.
Ninguna de las dos vías basta. Es imperativo transitar ambas. La productividad exige inversión, tecnología y educación. El reclutamiento de nuevos trabajadores solo cuenta con dos canteras: la posposición de la edad de retiro para aprovechar el talento y esfuerzo de personas con salud hasta edades cada vez más avanzadas, lo cual también apuntalaría los tambaleantes regímenes de pensiones, y la plena incorporación de la mujer a las labores remuneradas en el sector formal.
El reclutamiento de la fuerza laboral femenina es con mucho la principal esperanza, al punto de haberse acuñado la expresión “bono de género” para describir el potencial desaprovechado. Pero en Costa Rica todos los astros se alinean para obstaculizar el ingreso de la mujer al mercado de trabajo. La tradición patriarcal les asigna el cuidado de niños, adultos mayores y discapacitados, además de las labores no remuneradas del hogar. La desigualdad salarial es un desestímulo persistente, como también los prejuicios sobre sus capacidades y desempeño. Esas preconcepciones fijan, de entrada, un tope al ascenso.
Urgen políticas estatales en todos esos campos. Desde guarderías y “redes de cuido” hasta leyes contra la discriminación y compromiso de las autoridades para aplicarlas. En algunas de esas esferas hay esfuerzos valiosos, pero existe una —el acoso sexual—, en la cual tenemos derecho a exigir resultados inmediatos, no solo por razones económicas relacionadas con el bono de género, sino también por básicos imperativos morales.
El ingreso de la mujer al mercado laboral no debe darse a costa del sufrimiento y la humillación a manos del macho cobarde. Es particularmente inaceptable el acoso en los centros educativos, donde las jóvenes se preparan para ocupar puestos de relevancia en el aparato productivo. Cero tolerancia debe significar cero reincorporación del culpable a su puesto de trabajo.
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Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.