¡Conque esas tenemos! Un diputado vota en contra de la reelección del magistrado Paul Rueda porque sus decisiones judiciales no se alinean con su oferta electoral. Pero ¿en qué andamos: en un turno de pueblo? Otro dice que no lo vota porque quiere “un recambio generacional” en la Corte. ¿Habla de la Selección de Fútbol? Y un par de sindicatos del Poder Judicial piden no reelegir a Rueda por traidor, y le cobran sus decisiones como juez constitucional.
Algo huele muy podrido en este país cuando, por segunda vez en menos de una década, hay intentos tan flagrantes por vulnerar la independencia judicial, un principio de nuestra Constitución Política indispensable para la separación de poderes del Estado y base de la moderna democracia representativa. Amparados en ese principio, los jueces fallan basados en la interpretación de las normas legales, no para complacer a nadie.
El Judicial es un garante de los derechos y las libertades de todos, especialmente de las minorías. Sus decisiones no deben depender de pluralidades políticas circunstanciales, como las que se dan en el Legislativo y el Ejecutivo, pues sus sentencias tratan sobre la vida y el patrimonio de las personas.
Ahora bien, el asunto no es solo la amenaza a un principio constitucional, sino también al funcionamiento del sistema político. En todo sistema, hay reglas no escritas que subyacen en los principios formales y son de gran importancia práctica, pues son aceptadas voluntariamente por los actores sociales y políticos. Influyen sobre sus comportamientos porque todos creen que ayudan a la convivencia pacífica aunque nadie esté legalmente obligado a respetarlas.
Una regla no escrita es que los diputados se abstengan de escoger “fichas” partidarias, o a impresentables, como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nada impide al Legislativo hacerlo, pero usualmente no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque los jueces venales no convienen. Hoy por mí, mañana por ti. ¿Otra regla? Autocontención: no quitar magistrados que cumplen bien sus labores porque sus decisiones incomodan.
Algo podrido huele aquí cuando varios pretenden desechar reglas no escritas con el fin de quitar a Paul Rueda para luego nombrar jueces “a la carta”. De feria, procuran una votación secreta. No hay que permitirlo. La lucha, más bien, es otra: mejorar el actual sistema de elección de magistrados y hacerlo más abierto al escrutinio público.
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El autor es sociólogo.