Jorge Vargas Cullell. 2 septiembre

Hay distintos métodos para bajar de peso. Alguien podría decir que, si de lo que se trata es de quitar kilos, una medida eficaz es amputarse una extremidad, aunque quedaríamos con un “problemita” de por vida. Otro recomendaría la dieta de moda, que publicita cambios milagrosos, a riesgo, sin embargo, de afectar nuestra salud.

Estoy seguro de que arrugaremos la cara al mejor método de todos: sacrificar viejos hábitos alimentarios y adoptar estilos de vida saludables, a partir de un diagnóstico sobre nuestra situación y con objetivos definidos. Cuesta más, pero es mejor que amputarse partes o acudir a curas milagrosas.

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¿En qué creemos?

Hago esta introducción para trazar un paralelismo con el complicado problema político que enfrentamos en la negociación con el FMI. Nuestro estado de bienestar está fiscalmente hecho leña y en buena hora nadie nos dará plata para reincidir en los hábitos de gastar más de lo que recaudamos, de evadir la evaluación de la política pública y de apegarnos a un sistema tributario generoso en exenciones y vacíos legales que facilitan la elusión fiscal.

Mi tesis es que la negociación del SBA con el FMI tiene que poner una jáquima a esos hábitos. Que esa jáquima la tiene que diseñar el gobierno y que implicará distribuir costos entre sectores. Sin embargo, sería un error colar, de contrabando, una reforma de Estado.

Este tema es harina de otro costal: ¿Qué hacer con los activos del Estado, su arquitectura constitucional, la duplicidad de instituciones, el tamaño de la planilla, privatizar o no, y cómo, servicios? Todos ellos son asuntos legítimos de política pública; empero, hay disentimientos internos que debemos resolver en democracia. Los cambios deben ser el objeto de una negociación entre nosotros.

Nadie en este momento tiene el mandato para transformar el estado de bienestar. Sería un error aplicar el viejo truco centroamericano de pedir a un actor externo que haga suya “mi” agenda para luego decir: “¿Vieron? No lo digo yo”. Con la crisis fiscal y la inminencia de fuertes ajustes en las finanzas públicas, la tentación emerge: “Pidamos al FMI que nos lo exija”.

La reforma del Estado y de sus políticas públicas deben ser el objeto de un diálogo político complementario, pero separado de la negociación con el FMI. Ojalá el gobierno diga cuáles son los temas que incluirá en esa negociación y los que no, para tranquilizar aguas.

El autor es sociólogo.