Jorge Vargas Cullell. 20 marzo

¿Quién mató a balazos a Sergio Rojas, dirigente indígena de Salitre de Buenos Aires? ¿Quién o quiénes ordenaron asesinarlo bajo el cobijo de la noche? Estas preguntas, que suenan ajenas a muchos, son, sin embargo, angustiosas para nuestra sociedad.

La investigación policial tendrá que adentrarse en las cloacas para confirmar o descartar la hipótesis, a primera vista la más probable, de que el asesinato no fue un acto casual, sino parte de un conflicto social del cual Rojas era actor reconocido. Pudiera ser que estemos frente a un caso de violencia política: segar la vida de un dirigente para fortalecer a algún bando del conflicto y descabezar a otro.

Empero, aun si las pesquisas llegaran a la conclusión fundada de que fueron otros los factores en juego, igual quedaríamos con la angustia de otra vida truncada por la violencia imperante en regiones enteras en nuestro país.

¿Por qué digo que la primera impresión apunta a motivaciones políticas? Rojas vivía amenazado y Salitre, donde destacaba, es una zona de un agrio y rancio conflicto de tierras, principal, pero no exclusivamente, entre indígenas y no indígenas. Es un territorio con largo y documentado historial de violencia: agresiones físicas, quema de casas, balaceras, desalojos forzados y grupos armados imponiendo su ley.

Durante el gobierno anterior, estalló una grave crisis allí, tanto así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos impuso medidas cautelares para proteger a los indígenas de Salitre. Esa protección fue insuficiente y ahora Costa Rica tiene mucho que explicar a la Corte.

El antecedente más lejano del conflicto es una ley que creó una reserva indígena, pero nunca expropió terrenos en manos de los no indígenas. Mucha de esa tierra había sido antes repartida por el mismo Estado, sin linderos claros. Como resultado, distintas personas y grupos creen tener derechos legales sobre el mismo suelo.

El Estado, en vez de ser parte de la solución, ha sido parte del problema. Tuvo mucho que ver en su origen; algunas instituciones cargaron los dados contra los indígenas y otros los defendieron. Así, en vez de resolver el problema, lo reprodujo.

Es indispensable dar con los asesinos de Rojas. Aquí, no cabe la impunidad. Pero, además, hay que ir a la raíz del cacho y desarmar la bomba de relojería que es el conflicto de tierras y de convivencia en la zona, y la exclusión histórica de los indígenas.

El autor es politólogo.