EscucharHace años dije que si uno estuviera en el negocio de controlar las palancas del poder político colocaría fichas “mías” en lugares claves de nuestro sistema. En esa tesitura, un magistrado vale mucho más que un diputado.
Hagamos aritmética básica. En la Asamblea Legislativa hay 57 diputados, por lo que uno necesita 29 para aprobar una ley. El valor teórico de cada uno, su contribución al éxito de una iniciativa, es un 3,4 % (1 entre 29). Si el diputado es de partido minoritario, su valor baja a casi 0. En cambio, en la Sala IV hay 7 magistrados y uno necesita 4 para apearse, por inconstitucional, un acto público. El valor teórico de un magistrado es un 14,3 % (1 entre 7). O sea, en principio, un magistrado vale al menos por 4 diputados.
Por supuesto, las cosas son mucho más complicadas. Para ser diputado hay que recorrer pueblos, comer chicharrones en palangana, “darles en el hocico” a sus rivales (para usar la culta expresión de una estimable diputada) y pagar cimarronas y hacer amarres en las asambleas distritales, cantonales y provinciales de su partido. Ese ínfimo 3,4 % de poder cuesta plata, sudor y lágrimas.
Por nada de eso pasa un candidato a magistrado. Bajo el oscuro procedimiento actual, un aspirante debe mover palancas en la Asamblea Legislativa, pelarles el diente a los partidos y compadrearse con uno o más diputados de la Comisión de Nombramientos para que le pongan un 10 de 10 en la entrevista o le hagan preguntas previamente acordadas para dar respuestas ensayadas ad nauseam ante un espejo. Nada muy edificante y, quizá, algo rudo para la autoestima, pero ni remotamente tan sufrido como pellejearla para diputado.
Si alfil (magistrado) come peón (diputado), lo prudente es tener buenas reglas, basadas en el mérito y la idoneidad, para preseleccionar a los integrantes de la Corte Suprema, en especial, los de la Sala IV. Nos urge garantizar que los mejores lleguen a la cima.
La escogencia de un magistrado es una decisión política, y me parece bien que el Congreso los elija. Lo que está muy mal, como lo ha señalado el Panel Independiente del Foro de Justicia, es el procedimiento actual, en el que las calificaciones de los candidatos dependen de criterios manipulables, que favorecen a los más enchufados.
¿Lo peor? Que los diputados quieren conservar a capa y espada el statu quo. Acaban de rechazar el cambio al procedimiento actual. Inadmisible.
El autor es sociólogo.
