Costa Rica es un país tomado no solo por los sindicatos. Sumen: si una comunidad se organiza, impide la construcción de una carretera vital porque los peajes les parecen “demasiado altos”. Luego, los diputados aprobaron una exoneración del pago de impuestos al fideicomiso de la nueva vía San José-San Ramón, pero ni con ese beneficio se evita que los conductores paguen menos de ¢3.930 (ida y vuelta) por transitar los 60 kilómetros. Es decir, quedó demostró que el costo del peaje calculado por OAS no estaba lejos de la realidad. Por cancelar el contrato con OAS pagamos $35 millones en indemnización. OAS se fue feliz y el fideicomiso del BCR paga ¢35 millones en salarios mensualmente a 24 funcionarios que integran las unidades ejecutoras. ¡Cinco años sin carretera!
Si se saca a concurso una carretera y el empresario que pierde la licitación no está de acuerdo con el resultado, presenta un recurso, y así pasarán años antes de que la obra se ejecute. Precisamente ayer, publicamos en La Nación que los incumplimientos y las deudas del Grupo Orosi, a cargo de la vía a Monteverde, obligó al Conavi a dejar sin efecto el contrato. Pero para que la cancelación se haga efectiva, debe darse un “proceso de resolución”; en otras palabras: la empresa debe defenderse, incluso ir a la vía judicial para diseñar un nuevo cartel de licitación. Ad calendas graecas!
Si a los ecologistas no les parece la extracción de oro de Crucitas, se organizan y el gobierno pone punto final al proyecto. De ese modo, la montaña quedó a disposición de los coligalleros, quienes contaminaron las aguas, destruyeron el bosque, y los ambientalistas no aparecen por ningún lado. Industrias Infinito pide una compensación de unos $321 millones.
Si a los sindicatos no les parece cómo pretende el Estado resolver el problema de las finanzas públicas, paralizan el país.
Empresarios organizados en cooperativas de arroz, azúcar y carne (bajo el eufemismo de “agricultores y campesinos”) mantienen el precio más alto porque el gobierno les alcahuetea para que no haya competencia y los costos no bajen; los autobuseros imponen las tarifas a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Dichos transportistas viven como millonarios y se quejan de que ganan poco.
Son muchos grupos los que paralizan el país y lo han llevado a la quiebra al impedir la competencia, la reactivación económica y la construcción de infraestructura necesaria.
Los dos gobiernos del PAC no han incentivado la inversión extranjera, no se crean nuevos empleos y, como escribió nuestro forista, el físico Hugo Solís Sánchez, no se buscan nuevos árboles para cosechar naranjas que den nuevo jugo. Siguen exprimiendo las mismas naranjas: a las mismas empresas privadas, que ya no dan abasto con las tarifas eléctricas, el precio de los combustibles, las altas cargas sociales, los altos impuestos, los miles de trámites, etc.
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La concesión de obra pública está satanizada, pero es gracias a esta figura que tenemos aeropuerto, carretera 27 con todo y sus defectos, pero funcional, etc. ¿Qué más tendríamos si utilizáramos las alianzas público-privadas en todo aquello para lo cual no contamos con fondos públicos?
Ahora se suma el Poder Judicial como piedra en el zapato de la democracia. ¡Mala cosa! ¿En manos de quiénes está el país?
La autora es periodista y editora de Opinión de La Nación.
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