Por: Jorge Guardia 29 octubre, 2013

El Plan de Consolidación Fiscal del Ministerio de Hacienda es muy valioso. Nació tardío, en el ocaso de un gobierno sin voluntad de hacer los cambios, pero eso no le resta valor. Voy a comentar el diagnóstico de la situación actual donde se resumen los problemas y riesgos latentes; después, vendré por las soluciones.

Asegura que la situación es insostenible. Tiene razón. El déficit del Gobierno ronda el 6% del PIB (sin incluir asignaciones legales no incluidas, como educación), y el consolidado, también en términos del PIB, huele a 7 (incluyendo pérdidas del BCCR). Propone reducir el primero en 3,5% en un plazo de 5 años (muy largo) mediante aumento de impuestos y contención –no reducción– en el crecimiento del gasto (pluses salariales). Pero, en vez de enfrentar con determinación el problema, lo traslada al que viene. Esa no es la actitud que yo quería.

¿Cómo llegamos ahí? Cita dos razones: la crisis económica que contrajo la carga tributaria, y el “aumento en el gasto público recurrente, que ya se venía gestando desde el 2006 y se aceleró para mitigar el impacto económico de la crisis”, del gobierno anterior. Fue un grave error. El otro consistió en aumentar la planilla y salarios de la CCSS, pues contribuyeron a desfinanciarla. Y, aunque reconoce con valor que “las cargas sociales son unas de las más altas de Latinoamérica”, habrá que ajustar las contribuciones para restituir la solvencia de las pensiones, otro aumento no contemplado en la carga tributaria.

Sobre las pérdidas del BCCR, omite reconocer (al menos, en público) las verdaderas causas: intervención en la banda inferior que obliga a emitir y, luego, absorber liquidez aumentando sus pasivos con costo. Y, aunque reconoce que “podrían presionar la inflación al alza en el futuro cercano”, tampoco propone soluciones. Si se acepta la propuesta del BCCR de trasladar sus pérdidas al Estado, tanto el déficit como el aumento de impuestos serían mayores. Por eso, al discutir el proyecto, yo me opondré, a menos de limitar su discrecionalidad para imponer gravámenes y subsidios, función que solo corresponde a la Asamblea.

Hay otros reconocimientos en el Plan con los que sí estoy de acuerdo: se ha excedido proporcionalmente el gasto corriente en detrimento de la inversión; deben revisarse la eficacia y eficiencia del gasto público, incluyendo educación y salud (muy importantes); la composición tributaria favorece los ingresos del capital mientras que los provenientes del salario son más altos (y, además, se cumplen); y hay que cortar exenciones y exoneraciones, así como la evasión y elusión fiscal. Hasta aquí, por ahora (ya se me acabó el papel).