Un titular de otro medio de comunicación nos hizo reflexionar sobre los verdaderos alcances de la autonomía universitaria ante la huelga. Dice: “Universitarios públicos arrodillan al presidente”. ¿Tendrá algo o mucho de razón?
La Constitución Política (artículo 84) confiere autonomía a la UCR, pero no tanta como para hacer de ella un ente soberano. Abogados constitucionalistas coinciden en que puede darse gobierno propio y administrativo (pagar sueldos y pensiones obscenas), pero está sujeta a la ley en lo demás. Para Rubén Hernández “la policía puede hacer detenciones, seguirlos dentro del campus por ser parte del territorio nacional; la autonomía universitaria como restricción de ingreso de policías es falaz”. La Sala IV agrega: “la universidad no está desvinculada del ordenamiento estatal. Es una institución más dentro del Estado y ha de operar en el marco del ordenamiento general” (resolución n.° 2002-08867).
De ahí se derivan conclusiones inexorables: los estudiantes bloquearon la calle pública en flagrante delito, público y notorio que no requiere comprobación; agredieron a la policía con piedras y palos y ofensas; la Fuerza Pública no solo podía, sino debía, penetrar el recinto universitario sin pedir permiso (ni perdón); negarse a actuar es incumplimiento de deberes; tras los actos delictivos, los estudiantes corrieron a refugiarse en la sede y la policía los detuvo para evitar fugas e impunidad. Hasta ahí, solo vemos una conducta estudiantil ilícita y otra absolutamente legal de la autoridad.
Al día siguiente, el rector de la UCR, Henning Jensen, encabezó una manifestación a Casa Presidencial, exigió ser recibido por el mandatario y logró negociar lo que era innegociable (la Policía no violó la autonomía ni actuó arbitrariamente). Además, lo sermoneó. El mandatario lo oyó cabizbajo. Y en vez de rechazar los cargos, se limitó a leer un comunicado conjunto muy complaciente para las universidades.
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Esa declaración no tiene asidero jurídico (la Policía actuó a derecho); tampoco la investigación acordada (corresponde al OIJ y no a una comisión controlada numéricamente por universitarios); los considerandos asumen que la Policía actuó con violencia (“reitera su voluntad de evitar hechos que puedan violentar la autonomía universitaria”); y conmina al gobierno a no hacer lo que nunca hizo. Preocupa la humillante zafada de piso a la abnegada Fuerza Pública y la flaqueza oficial ante eventuales demandas financieras del FEES.
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