Se cuestionó la legitimidad del Poder Judicial. Me estremecí. Insinuar, siquiera, que ha perdido legitimidad es muy serio, hasta peligroso, por las implicaciones que podría tener: invitar a desconocer sus decisiones por carecer, supuestamente, del contenido ético o moral que suele atribuirse a uno de los conceptos de legitimidad. Huele a desobediencia civil.
La doctrina distingue varias formas de legitimidad, incluidas material y formal. La primera —legitimidad material— la plantean autores como Habermas, quien sostiene que “solo de una racionalidad procedimental llena de contenido moral puede extraer la legalidad su propia legitimidad”, tesis que sirvió para derrocar gobiernos espurios y sustituirlos por otros con mayor aceptación popular. El dilema, obviamente, es saber cuándo se está en el vórtice de una conmoción popular.
La segunda —legitimidad formal— emana de la jerarquía de las normas de Hans Kelsen, donde la Constitución es algo así como la madre del cordero: fuente fundamental de todas las normas jurídicas. De ella obtiene el Poder Judicial su legitimación para juzgar e interpretar la ley. Max Weber dirime, a mi juicio, el conflicto, al decir que la legitimación de los poderes emana de un mandato constitucional que, a su vez, deriva de la soberanía popular y que, como bien expresa Tamayo y Salmorán, “el dominio es legítimo si, y solo si, se produce de conformidad con el sistema normativo, esto es de conformidad a las normas jurídicas válidas”.
A pesar de haber criticado acremente la última decisión de la Corte Plena por destilar un cierto gremialismo, yo me inclino por respetar el orden establecido (al menos mientras no se convoque a una constituyente o se dé un golpe de Estado). Jamás se me ocurriría cuestionar la legitimidad del Poder Judicial ni la de los otros poderes a pesar de tantas decisiones y leyes ajenas al bien común. He dicho, por ejemplo, que la ley de impuesto sobre la renta es injusta, discriminatoria y sesgada a favor de los ricos, más nunca he cuestionado su legitimidad ni, menos, instigado a su inobservancia. Nadie puede dejar de pagar impuestos alegando que son injustos.
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Me inclino a pensar así porque nuestro sistema tiene formas civilizadas de resolver entuertos y restaurar la ética de decisiones desacertadas. La opinión de la Corte, por ejemplo, podría ser enderezada por la Sala IV al resolver las tres consultas facultativas de los diputados, sin necesidad de esquilmar el orden constitucional.
jorge.guardiaquiros@yahoo.com