Jorge Guardia. 13 agosto

Sostuve en un foro que el gobierno y la Asamblea tenían una gran oportunidad para mejorar la gobernanza y reorientar las expectativas económicas, si demostraran firmeza ante las huelgas y aprobaran las leyes pertinentes. Sigo pensando igual, pero con menos optimismo.

Menos, porque ambos emiten signos contradictorios y, a veces, reculan súbitamente, como el cangrejo. Me refiero a la debilidad demostrada frente a la presión sindical para preservar sus privilegios y debilitar la regla fiscal, y, también, por resistirse a profundizar el recorte presupuestario tras constatarse que, con la reforma fiscal y los eurobonos, el déficit fiscal rondará el 6 % del PIB en el 2019 y el 2020.

Las expectativas son racionales. ¿Cómo mejorarlas si desde setiembre del 2018 las autoridades dijeron que no se sentarían a negociar mientras no se depusieran los movimientos, pero siguen negociando? ¿Cómo pensar bien si el jerarca de la CCSS cedió en febrero a las exigencias de los sindicatos para debilitar la regla fiscal? ¿Cómo sentirse mejor si una comisión legislativa excluyó la educación del listado de servicios esenciales para congraciarse con los sindicatos? ¿Cómo creer en la austeridad si el Ejecutivo se doblega y permite a las universidades públicas considerar ciertos gastos como inversión para mantener las transferencias o retira proyectos de sesiones extraordinarias por presión sindical? ¿Cómo respirar tranquilo si en entrevista con CNN un alto personero consideró un gran logro la reforma fiscal “sin cerrar instituciones ni despedir a nadie”? ¿Podríamos creer que es un gobierno “transformador” si el ministro de la Presidencia eleva el “diálogo” y la “construcción de acuerdos” al mismo plano de urgencia y necesidad de austeridad y de la regla fiscal?

Las expectativas giran en torno a dos problemas de fondo: la percepción de que lo fiscal es insostenible y la (casi) certeza de que, por ello, tarde o temprano impondrán nuevas cargas, aunque, por ahora, se les tilde de fake news. Detrás, hay una realidad inteligible: sin una reforma fiscal estructural no se racionalizará el gasto y, por ende, vendrán nuevos gravámenes, en detrimento de la rentabilidad de la inversión y el ingreso disponible del consumidor. Entonces, la tendencia natural será acrecentar el ahorro y mermar la inversión, auspiciados por alzas en las tasas de interés. Eso afecta la reactivación y el empleo. Ergo, mientras no haya un cambio de actitud, no cambiarán las expectativas.

El autor es abogado y economista.