Jorge Guardia. 9 septiembre

¿Acabarán las huelgas en el sector público? Sobre el polémico, pero trascendental proyecto de ley aprobado en primer debate, vuelan las interpretaciones. Para mí, los 40 diputados que votaron a favor hicieron una encomiable labor; para otros, son los 40 ladrones de Alí Babá confabulados durante mil y una noches contra el movimiento sindical.

No será el fin de las huelgas, como piensan algunos, ilusamente, pues ese derecho lo garantiza la Constitución. Su propulsor, Carlos Ricardo Benavides, aseguró que la intención no es eliminarlas, sino regularlas para llenar vacíos que producen abusos. Pero ¿acabarían los abusos si se aprueba? ¿Eran los sindicalistas los únicos de culpar?

La esperanza es que mermen en tiempo e intensidad el quebranto a los servicios públicos, las pérdidas económicas y el costo para los contribuyentes.

La esperanza es que mermen en tiempo e intensidad el quebranto a los servicios públicos, las pérdidas económicas y el costo para los contribuyentes. Por ejemplo, la huelga del 2018, prolongada por astenia oficial durante 100 largos días y 100 largas noches, habría sido fugaz, pues su fin era político (rechazar la reforma fiscal) y, conforme al proyecto, solo podría durar 48 horas; la reciente de los médicos (¿última?), tampoco cabría por afectar un servicio esencial, sin paga para los galenos. Pero ¿qué pasará con lo pactado por la CCSS con la venia gubernamental? La Contraloría hizo una buena interpretación; veremos si se sostiene.

El tema trascendental, aprobado por iniciativa del diputado Pedro Muñoz, lo resumo así: si hay gloria, no hay paga; si hay paga, no hay gloria. La huelga suspende la relación laboral —dice— y, en esa tesis, el trabajador no estaría obligado a prestar servicios, ni el patrono a pagar salario. Es un gran avance, mas ¿aplacará los abusos? Antes, creía que sin vacaciones pagadas no habría incentivos para holgar, pero hay dos conceptos contrapuestos: la “posibilidad” de no pagar frente al “deber” de abstenerse. Ahí estriba mi preocupación.

Si se prohibiera devengar salarios desde el inicio de la huelga, salvo que un juez exigiera el pago retroactivo, nadie zafaría el bulto. El problema es que, históricamente, los gobiernos han sido complacientes con los sindicatos y comprometen recursos públicos en aras de “la paz social”. ¿Quién garantiza que, en el próximo acuerdo, no harán lo mismo? Al final, la severidad de las huelgas no dependerá tanto de la ley y sus interpretaciones como del talante de las autoridades de turno.

El autor es abogado y economista.