Jorge Guardia.   21 octubre

Tres noticias estremecieron nuestro pequeño mundo financiero la semana pasada: el registro universal de deudores, la usura rediviva y los créditos de salvamento para los deudores compulsivos y morosos. ¿Serán la salvación de la reactivación?

Es una medida populista, lleva implícito un grave riesgo moral y revive el paternalismo.

Hay muchos sentimientos encontrados y argumentos a favor y en contra, pero, a mi juicio, son tres las cuestiones relevantes: atacan los efectos, no las causas; implican un retroceso en el inconcluso proceso de liberalización financiera; y ninguna será decisiva para reactivar la producción.

El registro obligatorio de deudores favorece a los acreedores (les hace la tarea), pero se ensaña con los deudores (les levanta el ropaje e invade su privacidad). Si se generaliza, muchos dejarán de ser sujetos de crédito. Y aunque funcione como medida preventiva para racionalizar la largueza crediticia y disuadir la prodigalidad (habrá que endeudarse menos), se contrapone a lo que el gobierno desea para lograr la reactivación.

Imponer tasas máximas de interés para dar vigor a una ley obsoleta y revivir la usura tiene sus bemoles: si se fija en un nivel muy alto, es un saludo a la bandera; si es muy baja, habría exclusión y muchos congéneres se quedarán sin crédito; pero si apuntara al justo medio (presumiendo que legalmente pudiera aplicarse retroactivamente), tampoco contribuiría a reactivar el crédito, consumo e inversión y, por ende, la reactivación; más bien, produciría el efecto contrario. De dos, cero. Veamos la tercera.

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El programa de salvamento, popular entre deudores, preocupa a acreedores y reguladores, aunque lo nieguen (adulación presidencial). Es una medida populista, similar a la que tantas veces favoreció a agricultores que no podían, ni querían, pagar, por ser los consentidos de políticos clientelistas. Lleva implícito un grave riesgo moral (moral hazard), capaz de dañar la sana prudencia de deudores y acreedores. Revive el paternalismo antañón, culpable del agotamiento del modelo intervencionista que tratamos de modernizar mediante la reforma financiera elaborada en 1994. Si el dispendioso consumo privado sin recursos propios fue la causa del problema, es moralmente dudoso tratar de paliarlo premiando a los recalcitrantes mal portados, bajo la promesa de que, luego, vendrá el Estado a redimirlos. La libre empresa que sacó a millones de la pobreza exige a empresarios y consumidores responsabilidad por sus actos. Como dice el dicho, que cada palo aguante su vela.

El autor es abogado y economista.