La directriz del gobierno dirigida a los bancos públicos para mejorar su eficiencia y bajar las tasas de interés (045-MH-MCEE), aunque parezca apropiada, deja dudas sin respuestas.
¿Cuál es el problema de fondo? Que las tasas de interés del sistema financiero son demasiado elevadas por el excesivo gasto público y desestimulan el consumo e inversión, en detrimento del crecimiento y el empleo. La directriz, empero, solo exige recortes (y despidos) en los bancos públicos, no así en el resto del aparato estatal, principal causante del problema.
Tampoco rompe el oligopolio bancario. Los bancos públicos ejercen mucho poder en el sistema al controlar el 40 % del mercado en moneda nacional, pero, al ser menos eficientes que los privados y los que operan en el mercado mundial, pueden, en teoría, subir tasas para ampliar utilidades y financiar su frondosa burocracia sin arrojar pérdidas de operación. Los bancos privados, en vez de utilizar su mayor eficiencia para competir a favor del usuario, más bien se aprovechan para subir sus tasas de interés.
La apertura a la banca privada no rompió el monopolio. Paradójicamente, los bancos públicos cobran menores tasas de interés que las financieras y bancos privados. La directriz, sin embargo, solo aprieta a los estatales, que se portan bien, y deja navegar por la libre a los privados, que se portan mal. Basta con entrar al sitio web del BCCR para constatar que la tasa activa promedio de los bancos públicos son un 11,48 %, mientras que la de los bancos privados promedia el 18,48 % y, en las financieras, un 21,28 % anual (al viernes pasado). Cobrar esas tasas con una inflación del 2 % es obsceno, según el nuevo término acuñado por Hacienda.
El gobierno insiste en preservar el oligopolio bancario por obsoletas razones ideológicas y trata de emular la eficiencia del mercado a punta de directrices. Presume que “podría incentivar a las demás instituciones bancarias y financieras a incorporar mejores prácticas operativas”. ¿Y si no? Una de dos: o controla por decreto las tasas de interés de los privados por aprovecharse de la precaria competencia, o privatiza de plano a los bancos públicos para que grandes y más eficientes entes foráneos restablezcan la verdadera competencia e impongan los márgenes de intermediación que priman en el mundo desarrollado. Privatizar serviría para amortiguar la igualmente obscena deuda pública y, de paso, bajar tasas de interés y reactivar la economía.
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El autor es abogado y economista.