Jorge Guardia. 20 mayo

La directriz del gobierno dirigida a los bancos públicos para mejorar su eficiencia y bajar las tasas de interés (045-MH-MCEE), aunque parezca apropiada, deja dudas sin respuestas.

¿Cuál es el problema de fondo? Que las tasas de interés del sistema financiero son demasiado elevadas por el excesivo gasto público y desestimulan el consumo e inversión, en detrimento del crecimiento y el empleo. La directriz, empero, solo exige recortes (y despidos) en los bancos públicos, no así en el resto del aparato estatal, principal causante del problema.

Una de dos: o controla por decreto las tasas de interés de los privados por aprovecharse de la precaria competencia, o privatiza de plano a los bancos públicos para que grandes y más eficientes entes foráneos restablezcan la verdadera competencia e impongan los márgenes de intermediación que priman en el mundo desarrollado.

Tampoco rompe el oligopolio bancario. Los bancos públicos ejercen mucho poder en el sistema al controlar el 40 % del mercado en moneda nacional, pero, al ser menos eficientes que los privados y los que operan en el mercado mundial, pueden, en teoría, subir tasas para ampliar utilidades y financiar su frondosa burocracia sin arrojar pérdidas de operación. Los bancos privados, en vez de utilizar su mayor eficiencia para competir a favor del usuario, más bien se aprovechan para subir sus tasas de interés.

La apertura a la banca privada no rompió el monopolio. Paradójicamente, los bancos públicos cobran menores tasas de interés que las financieras y bancos privados. La directriz, sin embargo, solo aprieta a los estatales, que se portan bien, y deja navegar por la libre a los privados, que se portan mal. Basta con entrar al sitio web del BCCR para constatar que la tasa activa promedio de los bancos públicos son un 11,48 %, mientras que la de los bancos privados promedia el 18,48 % y, en las financieras, un 21,28 % anual (al viernes pasado). Cobrar esas tasas con una inflación del 2 % es obsceno, según el nuevo término acuñado por Hacienda.

El gobierno insiste en preservar el oligopolio bancario por obsoletas razones ideológicas y trata de emular la eficiencia del mercado a punta de directrices. Presume que “podría incentivar a las demás instituciones bancarias y financieras a incorporar mejores prácticas operativas”. ¿Y si no? Una de dos: o controla por decreto las tasas de interés de los privados por aprovecharse de la precaria competencia, o privatiza de plano a los bancos públicos para que grandes y más eficientes entes foráneos restablezcan la verdadera competencia e impongan los márgenes de intermediación que priman en el mundo desarrollado. Privatizar serviría para amortiguar la igualmente obscena deuda pública y, de paso, bajar tasas de interés y reactivar la economía.

El autor es abogado y economista.