Siempre abogué por la autonomía del Banco Central (BCCR), expuesto a los vaivenes de la política y la presión de grupos privados de interés.
A inicios de los 80, escribí varios ensayos en la revista Actualidad Económica, dirigida por el economista Álvaro Trejos, a favor de la autonomía del Central para evitar la presión de ciertos sectores políticos y empresariales sobre el gobierno de turno con el fin de lograr políticas monetarias y cambiarias complacientes. Sobre la cabeza del jerarca del Central pendía una espada de Damocles, pues podía, y puede, ser removido libremente por el Consejo de Gobierno.
En 1994, poco antes de concluir mi período en el Central, elaboramos un proyecto de reforma al artículo 17 de la ley orgánica para corregir esa anomalía, pero en la Asamblea le dieron vuelta. La ley, aprobada en 1995, retuvo inalterada la potestad del Consejo de Gobierno de destituirlo. Durante su tramitación yo ya había partido para Washington a servir como consultor en el FMI y no pude defender las reformas. Al saber el resultado, me entristecí mucho, pero, como dice un viejo refrán, “para verdades, el tiempo”.
Veinticinco años después, a instancias de la OCDE, la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate una reforma similar a la nuestra para exigir la remoción del jerarca solo por las mismas causas justificativas que los demás directivos, pero agregó algo novedoso: “O por un incumplimiento grave y manifiesto de sus deberes”. ¿Qué sería legalmente un “grave incumplimiento”? ¿Sería destituido si no consintiera una política monetaria complaciente e incompatible con una baja inflación o se negara a forzar ajustes cambiarios arbitrarios para complacer a ciertos grupos de interés? Creo que no. Aunque no hay (o no conozco) jurisprudencia en tal sentido, de acuerdo con juristas en EE. UU., las discrepancias económicas entre el gobierno (Trump) y el jerarca de la Fed (Powell) no serían motivo suficiente para destituirlo.
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En Costa Rica, hay otra razón fundamental para justificar la reforma: si la Asamblea cometiera el desatino de aprobar $6.000 millones de eurobonos sin condiciones, este gobierno saldría adelante sin hacer esfuerzos adicionales en el gasto. Entonces, el equipo económico proveniente del PUSC resultaría prescindible y podría fácilmente ser sustituido por gente del PAC, con otra filosofía económica. Bajo la ley actual, el gobierno podría cortar cabezas fácilmente; con la reforma, estaría atado de manos.
jorge.guardiaquiros@yahoo.com
El autor es abogado y economista.