Iván Molina Jiménez. 31 marzo, 2018

En 1929, Luis Dobles Segreda, entonces ministro de Educación Pública, indicaba que en Costa Rica había “pueblos que no tienen plaza, ni tienen ermita todavía”, pero “quieren tener una escuela. Que la escuela venga antes que todo, dicen, y quieren tenerla en el centro del pueblo, y procuran que sea limpia y hermosa, para mirarse en ella con encantado regocijo”.

Según el ministro, el crecimiento en el número de escuelas era criticado por algunas personas que alegaban que “muchos de esos caseríos se organizan por influencias de los políticos, que ofrecen” la escuela “a cambio de votos”.

Desde inicios del siglo XX se estableció una conexión fundamental entre las demandas de las comunidades, las promesas electorales de los partidos y las políticas gubernamentales

De manera contundente, Dobles Segreda desmintió que en el país se intercambiaran votos por escuelas, pero de seguido señaló que, aun si “fuese iniciativa de los políticos, bien se ve” que, al tratar “de halagar a los pueblos”, buscan “el halago allí donde piensan que es más certero”. Al final de sus consideraciones, concluyó: “La política pasa, el propagandista se va, pero la escuela quedará allí como la mejor y más duradera conquista”.

Universalización. Puesto que han pasado ya setenta años desde la última vez que Costa Rica experimentó una ruptura del orden constitucional (en 1948, tras la guerra civil de ese año), la sociedad costarricense rara vez recuerda que la democracia ininterrumpida que ha vivido desde entonces también tiene una historia.

A favor del desarrollo de la democracia en el país jugaron algunas condiciones, como el extendido –aunque desigual– acceso a la propiedad de la tierra, que prevalecía en el Valle Central desde finales de la época colonial, y la cultura republicana de respeto al Estado de derecho, que se configuró después de la independencia (1821).

Sin embargo, algunas reformas institucionales fueron igualmente decisivas en impulsar ese desarrollo: la Constitución de 1859 estableció requisitos tan generales para ser ciudadano que, en la práctica, universalizó el sufragio masculino, un logro que fue consolidado en la Constitución de 1871.

Transición. Desde la década de 1860, empezaron a configurarse partidos políticos modernos, pero fue preciso esperar hasta el decenio de 1880 para que esa transformación se consolidara. En 1889, por vez primera en la historia del país, un partido de oposición ganó la elección presidencial, victoria que reafirmó mediante un levantamiento popular –el del 7 de noviembre– en defensa del sufragio.

Los comicios de 1889 fueron el inicio de un proceso de transición hacia la democracia que culminó a inicios del siglo XX, cuando prácticamente todos los varones costarricenses adultos, independientemente de su condición de clase y origen étnico, estaban inscritos para votar. En las elecciones presidenciales de 1905 y 1909, más del 70 % de los votantes acudieron a las urnas, y, en la de 1913, lo hizo más del 80 % del electorado.

Una vez que las cifras anteriores se consideran comparativamente, es posible apreciar mejor la importancia de la experiencia de Costa Rica: en 1911, el padrón electoral británico incorporaba apenas al 59 % de la población masculina adulta.

A su vez, en Estados Unidos, la asistencia a las urnas a inicios del siglo XX era en términos porcentuales inferior a la costarricense, debido, entre otros factores, a las restricciones para votar que enfrentaba la población afrodescendiente y los blancos pobres en los estados del sur.

Si bien rara vez se reconoce, Costa Rica fue parte de la primera oleada de democratización que recorrió el planeta entre inicios del siglo XIX y las primeras décadas del XX, y en este proceso sus logros democráticos compitieron ventajosamente con los alcanzados por potencias como el Reino Unido y Estados Unidos.

Conexión. Con la aprobación del voto directo en 1913 y del sufragio secreto entre 1925 y 1927 (dos reformas decididamente impulsadas por el presidente Ricardo Jiménez), el electorado costarricense reforzó su posición frente a las autoridades estatales y a los partidos políticos.

Pese a la dictadura de Federico Tinoco (1917-1919) y a la persistencia de prácticas fraudulentas –rara vez decisivas en términos de afectar el resultado final de los comicios–, desde inicios del siglo XX se estableció una conexión fundamental entre las demandas de las comunidades, las promesas electorales de los partidos y las políticas gubernamentales.

Como resultado de esa conexión, las reivindicaciones por más y mejores centros educativos, servicios de salud y obras de infraestructura llevaron al Estado costarricense a priorizar cada vez más la inversión social, con la disminución correspondiente en los gastos policíacos y militares.

La reforma social de 1940-1943, promovida por la administración de Rafael Ángel Calderón Guardia con el apoyo de la Iglesia católica y del Partido Comunista, y la abolición del ejército, que acordó en 1948 la Junta de Gobierno presidida por José Figueres Ferrer, fueron parte de un proceso más amplio: el desarrollo de una democracia progresivamente inclusiva y socialmente orientada.

Tal carácter inclusivo se volvió a manifestar en 1949, cuando la Constitución de ese año incorporó el sufragio femenino –por el cual las mujeres luchaban desde la década de 1920– y reconoció la ciudadanía de la población afrodescendiente.

Crisis. En la década de 1930, mientras el nazismo y el fascismo empezaban a extenderse por Europa y en distintos países de América Latina y el Caribe el poder era asumido por dictaduras militares, Costa Rica no solo mantuvo su democracia, sino que la profundizó.

A diferencia de sus vecinos centroamericanos, que persiguieron y masacraron a quienes militaban en las filas del comunismo, en Costa Rica el Partido Comunista era legal, competía libremente en las elecciones, disponía de su propio periódico (Trabajo), lideraba sindicatos y tenía representantes en el Congreso y en las municipalidades.

También tal diferencia se manifestó en la orientación social de la democracia costarricense, que, en vez de ser debilitada, fue reforzada durante la crisis de la economía mundial de esa época. En 1935, el ministro de Educación Pública, Teodoro Picado Michalski, comparó a Costa Rica con Estados Unidos, donde la crisis económica determinó el cierre de 2.000 escuelas aproximadamente en 24 estados.

De acuerdo con Picado, la duración “de los cursos escolares se redujo a 184 días en las ciudades y a 162 en los campos. Los sueldos de los maestros sufrieron (…) reducciones del 20 % al 40 %, y en Michigan las rebajas llegaron al 60 %. Aproximadamente 200.000 maestros titulados no pudieron encontrar trabajo”.

En contraste, en Costa Rica, “hubo un aumento de 49 escuelas y de 285 maestros” en el año 1934. Además, “los maestros fueron pagados puntualmente” y a “las Juntas de Educación se les entregaron” ¢277.301. “Todo ello indica el interés predominante en el país por los asuntos docentes”.

Diamante. De 1950 en adelante, la democracia costarricense amplió y diversificó sus compromisos con el desarrollo social y cultural, al multiplicar las opciones de estudio, procurar la equiparación de oportunidades para los sectores más vulnerables de la población, convertir la negociación y la búsqueda de consensos en los ejes de la política y promover la inclusión de quienes son diferentes y el respeto de sus derechos y preferencias.

La especificidad de la experiencia costarricense fue debidamente captada por el periodista canadiense William Krehm, corresponsal de la revista Time, quien viajó por Centroamérica y el Caribe a mediados de la década de 1940. Al arribar a Costa Rica, creyó que había llegado a Shangri-La.

Para Krehm, en una Centroamérica “donde la pobreza y la ignorancia son regla general”, Costa Rica era “como un diamante”: a diferencia de sus vecinos centroamericanos, “donde las escuelas rurales” solo existían “en los informes oficiales”, en los campos costarricenses eran “pulcras y están llenas de niños”.

Una o dos veces cada cuatro años, los hombres y las mujeres de la Shangri-La tropical que descubrió Krehm son convocados a las urnas para cumplir con una tarea fundamental: asegurarse de que el diamante permanezca en su sitio y que más colores puedan sumarse a su resplandor.

El autor es historiador.