Por: Jorge Woodbridge.   9 septiembre

La semana nos recibe con llamando a huelga. Los sindicatos amenazan con paralizar nuestro país con el fin de que una gran mayoría de empleados públicos mantengan los privilegios que a lo largo de muchos años se han acumulado y hoy representan buena parte del problema fiscal. Los ciudadanos esperamos que la administración Alvarado no ceda a las demandas sindicales.

La segunda parte del déficit es el estancamiento económico. Mientras no se fomente la atracción de inversiones y la creación de nuevos empleos, de nada servirá aprobar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El tercer componente del problema de Costa Rica es la creciente deuda pública que se come los impuestos y todo ingreso que llegue a las arcas del Estado. En este campo, debe buscarse la manera de renegociar plazo e intereses, aunque esto solo será posible si el gobierno da señales de estar haciendo bien la tarea financiera y las calificadoras nos mantienen en buen nivel.

Por eso, el reto de hoy es manejar la huelga con inteligencia y mano firme para recuperar la confianza perdida.

Veamos los números que confirman esta tesis. Este año, terminaremos con un déficit del 7,5 % del producto interno bruto (PIB), lo cual nos coloca en vulnerabilidad financiera. De ser aprobado el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, mejorarán los resultados fiscales el próximo año, con un ingreso de ¢613.000 millones (1,7 % del PIB) adicionales, los cuales se diluirán rápidamente si no se toman medidas estrictas para contener los disparadores del gasto.

Es responsabilidad del Congreso junto con el Ejecutivo tomar decisiones para reducir los millonarios pluses que disparan hacia arriba las remuneraciones de la mayoría de los empleados del Gobierno y los porcentajes que reciben las instituciones por leyes o mandato constitucional, así como poner coto a las pensiones y redimensionar el tamaño del aparato estatal, compuesto por 330 instituciones.

La fiesta de gastos de los últimos 10 años debe tener fin, durante ese tiempo los egresos del Gobierno Central crecieron un 30 % en términos reales, mientras que los ingresos corrientes se han mantenido constantes.

Por otra parte, los servicios de la deuda este año serán de ¢3,6 billones y el año entrante superarían los ¢5,7 billones. Por el lado de los gastos de capital, es posible que se sacrifique al raquítico 1,5 % PIB en el 2019.

Al aumentar el riesgo financiero, es predecible que el gobierno siga aumentando las tasas de interés y colocando la deuda a menor plazo y a tasas variables, lo cual empeoraría el problema de liquidez actual. Es impresionante cómo la falta de control en el gasto del gobierno producirá este año una deuda del 54 % del PIB y en el 2019, posiblemente, un 58 %.

Futuro inmediato. En el 2019, el Gobierno Central gastará más del doble de lo previsto en recaudación de impuestos. El presupuesto del próximo año llegará a ¢10,9 billones y se necesitarán ¢5,5 billones de nuevos préstamos para honrar los egresos presupuestados.

En el 2019, los intereses crecerán un 20,3 % y las amortizaciones un 80,4 %. La situación recrudece por la caída de ingresos debido al enfriamiento de la economía, vencimientos de los bonos a corto plazo del Gobierno y la omisión de ¢600.000 millones en el presupuesto del 2018. Esto significa que el 54 % de los gastos se financiarán con deuda.

A pesar de las tímidas medidas de contención del gasto, tomadas por la ministra de Hacienda, es un hecho que con nuevos impuestos el déficit fiscal no crecerá; no obstante, debe vigilarse de cerca la contracción económica producida por la actual incertidumbre financiera y la falta de voluntad para enfrentar los privilegios de los sindicatos.

Otro elemento que no dejará de crecer por falta de restricciones son las transferencias a las universidades públicas, las pensiones, el IMAS, el fondo de becas, la CCSS, el PANI, el Conavi, Fodesaf y otras obligaciones legales y constitucionales. Transferencias absorbidas un 24,3 % por remuneraciones y otros gastos, donde el gobierno no puede fijar ninguna prioridad, como invertir en más obra pública.

Más de lo mismo. En Costa Rica todo es más complejo debido a los intereses de grupos públicos y privados que no quieren que la factura se les traslade. No entienden que el ajuste afectará especialmente a los que menos tienen. No podemos estar tan ciegos para no darnos cuenta de que ningún gobierno amigo nos va a donar recursos para salir del atolladero, como pasó en el gobierno de Luis Alberto Monge.

La situación internacional también es compleja, caracterizada por precios altos del petróleo y un ajuste de intereses al alza por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Es impresionante cómo no aprovechamos los cuatro años de bajos intereses y caída de los precios del petróleo para administrar mejor las finanzas públicas. Todo lo contrario, incrementamos el gasto público y el endeudamiento sin medir las consecuencias.

Política monetaria. No es lógico que un Banco Central se endeudara con el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) por $1.000 millones para apoyar la balanza de pagos y proteger la especulación financiera. El tipo de cambio se ha sostenido prácticamente fijo en los últimos años, pero hemos perdido divisas por más de $700 millones en el último año en ausencia de una famosa flexibilidad cambiaria que no existió.

Costa Rica es una economía abierta y pequeña con gran movimiento de servicios, bienes y capitales, donde la política de un tipo de cambio prácticamente fijo ha significado que todos los agentes económicos se han endeudado en dólares, aunque sus ingresos sean en colones, debido a tasas de intereses sustancialmente más competitivas.

Producir en Costa Rica es muy caro por los altos costos de ls servicios públicos, por los oligopolios, por los aranceles proteccionistas de ciertos sectores, los altos impuestos y las cargas sociales.

Es cuestión de comparar los costos en Costa Rica con economías con las cuales competimos, tanto en mano de obra, como en servicios y bienes.

El país cuenta con reservas por $7.200 millones que nos permite administrar una devaluación en forma ordenada, lo que no es consecuente es que nos endeudáramos si el Banco Central tiene otras herramientas para alcanzar las metas de inflación.

Contener un tipo de cambio de “equilibrio” vendiendo reservas, recogiendo colones y disminuyendo presión monetaria, no es ni será nunca una política sostenible. El nuevo presidente del Central parece estar claro en que su gestión más importante es sostener las metas de inflación, fortalecer la estabilidad financiera y encontrar una salida al desequilibrio fiscal.

En cuanto a controlar la inflación, se requiere flexibilidad en el tipo de cambio y más información respecto a la política cambiaria. No cabe duda de que mayor flexibilidad cambiaria debe ser transparente, prudente y paulatina, debido a la vulnerabilidad de las empresas y los hogares endeudados en dólares, lo que puede afectar la estabilidad del sistema financiero.

El autor es ingeniero.