Anne O. Krueger. 9 julio

WASHINGTON, DC – Para evitar pagar el arancel del 25 % a las importaciones de acero impuesto por el gobierno de Trump, algunos países aceptaron aplicar cuotas de exportación a 59 variedades de productos de acero. Al mismo tiempo, el gobierno señaló que los fabricantes estadounidenses que usan insumos de acero pueden solicitar al Departamento de Comercio una exención del impuesto si necesitan productos especiales que no se consigan en Estados Unidos.

A Trump tal vez le parezca que imponer cuotas a las exportaciones y otorgar exenciones a los importadores locales es bueno para Estados Unidos en lo político y en lo económico. Nada más lejos de la verdad. Políticamente, la administración Trump ya le hizo un daño grave a la posición internacional de Estados Unidos al justificar aranceles contra exportaciones de países aliados como una cuestión de “seguridad nacional”.

máquina de Rube Goldberg
máquina de Rube Goldberg

Pero las derivaciones económicas de los aranceles de Trump no son menos alarmantes. Los fabricantes estadounidenses que dependen de insumos de acero ya afrontan costos más altos, y es posible que pronto se encuentren con faltantes; el precio del acero en Estados Unidos aumentó a un 50 % más que en China o Europa. De hecho, la emblemática empresa fabricante de motocicletas Harley-Davidson anunció hace poco que debido al aumento de costos, trasladará parte de la producción fuera de Estados Unidos, para evitar los aranceles que aplicará la Unión Europea en represalia.

Conforme los costos para los fabricantes de Estados Unidos aumenten respecto de los competidores extranjeros, los consumidores estadounidenses también enfrentarán precios más altos. Esto los llevará a limitar o postergar compras y trasladar al menos una parte del consumo a productos de fabricación extranjera, que se han vuelto comparativamente más baratos por los aranceles. El Instituto Peterson de Economía Internacional calcula que el gravamen al acero por sí solo puede destruir 195.000 empleos en la industria automotriz y de autopartes en los próximos tres años.

Pero más allá de las consecuencias obvias de los aranceles, la introducción de cuotas de exportación y exenciones también tendrá un impacto menos visible. Por ejemplo, Corea del Sur aceptó reducir sus exportaciones de acero a Estados Unidos a no más del 70 % de los niveles del período 2015-2017, lo que plantea la cuestión de cómo administrar esa cuota. Habrá que vigilar y limitar cada una de las 59 categorías de productos de acero, y tendrá que hacerlo el gobierno surcoreano o la administración de aduanas de los Estados Unidos.

Suponiendo que se encarguen de hacerlo los surcoreanos, los funcionarios de aduanas estadounidenses tendrán que confiar en las cifras que les entreguen, o incurrir en el costo de duplicar los controles necesarios para verificar que se cumpla la cuota. De ambos modos, se producirán aumentos de costos y demoras, porque cada exportador surcoreano tendrá que pedir aprobación para cada tipo de producto de acero que envíe a Estados Unidos.

Si las licencias de exportación se otorgan por orden de llegada, los importadores estadounidenses y los exportadores surcoreanos se verán obligados a adelantar lo más posible los pedidos dentro del año. Si, por otra parte, las autoridades surcoreanas deciden asignar de antemano cuotas a las empresas, es probable que deban usar como referencia la proporción que cada una de ellas exportó durante el período 2015-2017.

Pero con un sistema de cuotas fijas, los exportadores de acero surcoreanos no competirán en el mercado estadounidense. La experiencia internacional del pasado en relación con el uso de cuotas hace prever que habrá menos control de calidad y más demora en las entregas, porque los exportadores no tendrán motivos para competir por nuevos clientes.

Las exenciones arancelarias pueden generar perjuicios similares. A fines de junio, el Departamento de Comercio ya había recibido 21.000 solicitudes de exención, y se prevé que la cifra se duplicará durante el año. Procesar estas solicitudes lleva tiempo e introduce más complicaciones, sobre todo porque las empresas deben presentar una solicitud por separado para cada tipo de pieza de acero (que a veces solo se diferencia por la forma) y porque las exenciones se tienen que renovar todos los años.

El Departamento de Comercio contrató a unas treinta personas para reducir el tiempo de tramitación a noventa días. Pero las solicitudes deben publicarse por treinta días, y basta que un productor local de acero indique que es capaz de producir el elemento en cuestión para que la solicitud no se apruebe. Al 21 de junio, 9.000 de las 20.000 solicitudes iniciales estaban en revisión y había 42 aprobadas y 56 rechazadas.

En la práctica, este sistema permitirá a cualquier productor local impedir la importación libre de impuestos de piezas de acero que se considere capaz de producir. Cada vez que se usó este método administrativo en otras partes del mundo, las empresas empezaron a hacer afirmaciones dudosas sobre sus capacidades, sin atención a la calidad, el precio o la puntualidad de las entregas. Y en el caso de la administración Trump, sobran motivos para dudar de que quienes evalúen esas afirmaciones estén debidamente cualificados.

En esta nueva era de proteccionismo, las empresas estadounidenses que obtengan exenciones arancelarias y las empresas surcoreanas que reciban cuotas preasignadas obtendrán valiosos derechos de propiedad con poco costo. Eso dará a las empresas más razones para peticionar y presionar a las autoridades a cargo de las licencias, lo que complicará todavía más el proceso y aumentará el margen para la corrupción. Y si para evitar abusos se delega la toma de decisiones a organismos independientes, el proceso se volverá todavía más complicado y lento.

Las políticas comerciales de “Estados Unidos primero” de Trump generarán más falsedades de parte de los proveedores locales, menos control de calidad, demoras burocráticas y un aumento de barreras para potenciales nuevos competidores. Además, con cada arancel o cuota que se imponga, otros productores empezarán a demandar medidas proteccionistas similares (tal vez por eso ahora Trump amenaza con añadir aranceles a los autos). En cuanto empiece el contagio, no hay modo de saber hasta dónde llegará.

La administración Trump recortó impuestos y eliminó regulaciones con la esperanza de estimular el crecimiento de la productividad. Pero al someter a los fabricantes estadounidenses y al mundo a un sistema de aranceles, cuotas y exenciones, logrará el efecto opuesto: menos competencia, precios más altos, peor servicio y menos innovación.

Anne O. Krueger, ex economista principal del Banco Mundial y exvicedirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, es profesora investigadora superior de Economía Internacional en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins e investigadora superior en el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad Stanford. © Project Syndicate 1995–2018