Columnistas

Doble discurso

A la participación política equitativa de las mujeres se le sigue diciendo ‘no’

Nueve partidos a escala nacional comienzan mal la tarea para dar igualdad de oportunidades en puestos de poder y decisión a hombres y mujeres.

Se trata principalmente de los partidos Costa Rica Justa, Liberal Progresista, Movimiento Libertario, Nueva Generación, Nueva República, Unidad Social Cristiana y, en menor grado, Liberación Nacional, Progreso Social Democrático y el PASE, los cuales promueven la disparidad en los comités ejecutivos provinciales.

Así se evidencia en los datos de las actas oficiales publicadas por el Tribunal Supremo de Elecciones con la información más reciente de cada partido.

En los tres puestos propietarios de cada comité ejecutivo provincial, que son presidente, secretario y tesorero, no existe equidad.

En Costa Rica Justa, 14 hombres son miembros propietarios de los comités ejecutivos de las siete provincias y solamente siete mujeres ocupan posiciones equivalentes. Además, en todas las provincias hay un presidente, en ninguna hay una presidenta.

En la página 20 del plan de gobierno de Costa Rica Justa se plantea que poco se gana en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres si esta se sustenta solo en leyes y poses políticas, cuando debiera darse la adhesión sincera a la igualdad entre los seres humanos. ¡Eso se llama falta de coherencia!

En el Partido Liberal Progresista al menos son más congruentes. En el plan de gobierno no existe mención alguna a equidad de género ni a participación política de las mujeres. La carencia de compromiso podría explicarla, mas no justificarse, porque en sus 21 comités provinciales 13 hombres ocupan los puestos propietarios y 8 mujeres el resto. San José y Puntarenas son las dos provincias presididas por una mujer.

En Nueva República, el registro de estructuras provinciales, que data del 2019, les da puestos propietarios a 13 hombres y 8 mujeres. La misma proporción la tiene el Movimiento Libertario.

En este último caso, el plan de gobierno plantea compromisos para la participación activa de la mujer en el mercado laboral. No se halló ninguna referencia en lo político. Nueva República, por otro lado, tampoco hace alusión a la equidad de género o participación política de las mujeres en su plan de gobierno.

En el caso del PUSC, solo la estructura partidaria guanacasteca está presidida por una mujer, y de las 20 personas en puestos propietarios en los comités ejecutivos, 12 son hombres y 8 son mujeres.

Este partido dice, en su plan, que impulsará la paridad de participación en el gobierno y sus diversas instancias, así como en posiciones de importancia estratégica en la gobernanza del sector público, de resultar ganador en las próximas elecciones. ¿Por qué ofrece hacerlo en una futura administración y omite desde ahora el aporte de las mujeres en los principales puestos que componen la estructura provincial?

Nueva Generación señala en su programa de gobierno que debe darse un salto cualitativo con miras a alcanzar la igualdad, pues persisten condiciones que impiden a las mujeres disfrutar sus derechos. Para ser más enfáticos, aseguran que el derecho de las mujeres tiene que ver con la participación en juntas públicas, concejos locales y partidos políticos. ¿Cómo se puede prometer representatividad de las mujeres en la esfera pública si no se cumple ni siquiera en la agrupación proponente?

En el PASE, PLN y Progreso Social Democrático, de los 21 puestos propietarios —recordemos que son tres por provincia—, hay 11 hombres y 10 mujeres. En el Frente Amplio y el Partido Acción Ciudadana, de los 21 puestos, 11 los ocupan mujeres y 10 hombres.

El doble discurso de los partidos políticos citados al principio de este artículo impresiona y ofende. La mayoría garantiza en sus estatutos la paridad, pero cuando no están obligados a llevarla a la práctica, sigue habiendo un sesgo a favor de los hombres, como lo evidencian los tres puestos principales en los comités ejecutivos provinciales, de presidencia, tesorería y secretaría.

El resultado, en los partidos estudiados, es que el 57% de los puestos son ocupados por hombres y un 43% por mujeres.

Peor aún, como sus estatutos y el Código Electoral (artículos 2 y 52) los obligan a la paridad, al nombrar mujeres en las suplencias suben la proporción, casi copia fiel de lo que ocurre cuando se analizan las cuotas de género en alcaldías y vicealcaldías en las elecciones municipales.

En el 2020 se eligieron 90 alcaldes y 10 alcaldesas, pero contrario a lo establecido en el artículo 2 del Código Electoral, con respecto a que debe haber alternancia, las mujeres quedan relegadas a la primera vicealcaldía de forma mayoritaria.

En los puestos de regidores, las suplencias también permiten promover la proporción, pero para las elecciones del 2024 el mecanismo de paridad horizontal deberá aplicarse a fin de elegir regidoras.

Las cifras son un ejemplo más de que el acceso al poder de forma equitativa y justa, acorde con los principios de participación política que establece la legislación y a lo que se comprometen los partidos, es obstaculizado.

Personas como Haydée Hernández, jefa de la Unidad de Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea Legislativa, lo denuncian continuamente; sin embargo, son pocos los cambios reales. Ojalá en el 2024 esta no sea la tendencia.

yanancynoguera@gmail.com

La autora es periodista, exdirectora de La Nación.

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