Columnistas

El conflicto entre el MEP y la Contraloría

Las objeciones del órgano contralor pueden ser solventadas con un poquito de buena intención y una interpretación inteligente de la normativa

La Red Educativa del Bicentenario es vital para el futuro del país, como lo puso de relieve el «VIII Informe estado de la educación» en la sección de recomendaciones.

De no ejecutarse, los afectados serían, ni más ni menos, que el 73 % de los estudiantes, es decir, 790.000, a los que se les priva de la conectividad que concreta el derecho a la educación.

Es necesario que el Ministerio de Educación (MEP) y la Fundación Omar Dengo (FOD) encuentren una solución razonable al conflicto. La verdad es que el MEP, como lo reconoció la ministra públicamente, carece del personal y la preparación técnica para llevar a cabo el proyecto.

Por eso se lo encargó a la FOD, institución sin fines de lucro que ha recibido reconocimientos internacionales por su idoneidad en la materia.

Las objeciones del órgano contralor pueden ser solventadas con un poquito de buena intención y una interpretación inteligente de la normativa.

Una solución sería la suscripción de un convenio, separado del original, que se encuentra autorizado por una ley expresa. Aunque perfectamente esta adenda puede considerarse una parte del primer convenio, lo cierto es que, en puridad de principios, podría pensarse en suscribir uno específico para el programa con la aprobación del Consejo Superior de Educación, pues corresponde a este órgano, según el artículo 81 de la Constitución Política, fijar las políticas educativas y al Ministerio de Educación ponerlas en práctica.

A fin de evitar la objeción de la Contraloría, porque el MEP no puede delegar funciones, lo ideal es aprobar una ley, dispensada de trámites, en la que se autorice al MEP a encargar a la FOD el proyecto y reservar al MEP las potestades de coordinación y fiscalización del servicio de telecomunicaciones de la red nacional. Las dos potestades principales del jerarca, es decir, coordinación y fiscalización, permanecen en manos del MEP.

La orden de la Contraloría no toma en consideración el interés público. En su análisis prima la legalidad por la legalidad misma, y no detecta elementos que pongan en riesgo el erario. Es lógico que ello no suceda, en vista de que el MEP y la FOD tienen una fructífera alianza de más de 30 años

La suspensión de lo hecho hasta ahora no responde a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que preside la actividad de las instituciones públicas. Menos aún cuando existe un marco legal que sustenta el trabajo entre el MEP y la FOD, que siempre ha estado fiscalizado por la misma Contraloría.

Si el ente contralor cree que deben hacerse ajustes al esquema de trabajo entre el MEP y la FOD, adelante, pues de ese modo se retoma un proyecto tan necesario para el país.

Una alianza público-privada consiste precisamente en un trabajo conjunto de responsabilidades compartidas entre el Estado y una entidad privada en pos del interés público. Y en eso consiste la Red Educativa del Bicentenario.

rhernandez@ollerabogados.com

El autor es abogado constitucionalista.

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