Pocas veces en nuestra historia una presión gremial ha sido proclamada con tanta hipérbole, se ha desarrollado con tan escuálido apoyo y ha concluido con tanto éxito simbólico para sus gestores y tan negativo impacto sobre las instituciones.
La “huelga general” anunciada por Albino Vargas y Fabio Chaves hace pocas semanas y que, según sus fantasías, iba a paralizar el país, derivó el lunes en una anémica movilización sectorial; es decir, un fracaso. Sin embargo, amaneció el martes con un acuerdo que sus dirigentes pueden presentar como triunfo.
La clave de esta metamorfosis fue un Poder Ejecutivo tembloroso, confundido y desdeñoso de las jurisdicciones ajenas.
Basta con repasar el Acta suscrita entre las partes para determinar que, en realidad, lo que entregó la Presidencia a los huelguistas fueron promesas y ambigüedades.
Las formas verbales utilizadas en el documento son reveladoras de lo anterior: sobre las exigencias de los gremios, el Gobierno “convocará”, “se compromete”, “promoverá”, “revisará”, “se planteará” y “utilizará las herramientas legales pertinentes para recurrir”, además de renovar un “compromiso”.
Es decir, en ninguna parte anuncia decisiones que, directamente, incidan en los hechos. ¿Astucia del negociador oficial? ¿Ingenuidad de Patria Justa? Nada de esto.
La imprecisión en el lenguaje del acuerdo, además de reflejar una actitud típica de Zapote, se debe a que las exigencias no iban dirigidas contra el Ejecutivo, sino contra otras instancias por las que este (salvo el Ministerio de Trabajo) no puede decidir: Aresep, la Asamblea Legislativa, la Caja, la Defensoría de los Habitantes y Japdeva.
Sin embargo, en lugar de aprovechar el fracaso fáctico del movimiento para reafirmar el rechazo a los privilegios, estimular una renovación de fosilizadas cúpulas sindicales y, sobre todo, apuntalar la autonomía de las instituciones involucradas, el gobierno hizo lo peor.
Como no puede actuar por ellas, escogió presionarlas y violentar elementales normas de respeto institucional; dio a Vargas, Chaves y compañía una renovada dosis de respiración artificial; desconoció el clamor ciudadano contra el movimiento, y renunció nuevamente al liderazgo.
El Gobierno no cedió ante Patria Justa. Hizo algo distinto: actuó como su aliado.
(*) Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).