El acuerdo con el FMI

En la segunda parte de esta ruta (Administración Chaves Robles) ha faltado tacto para llevar adelante el proceso de una forma amigable, junto con un mayor impulso a la inversión social.

Al asumir el cargo en el Ministerio de Hacienda, el 1.° de junio del 2020, el ministro saliente vaticinaba que el país iba a entrar en default y que el 2020 iba a cerrar con un déficit fiscal de al menos un 11,5% del PIB. Como país, derrotamos esos vaticinios y al terminar el 2020 habíamos logrado honrar las deudas que correspondía y, además, cerrar con un déficit fiscal del 8% del PIB.

En todo caso, eran números preocupantes, que nos obligaban a redoblar esfuerzos. Estábamos con un proceso de consolidación fiscal entre manos, que provenía de la Ley 9635 y en medio de los graves efectos fiscales de la covid-19.

En nuestro país las finanzas públicas no escaparon a las consecuencias negativas de la pandemia. La contracción económica provocó que las bases imponibles de los impuestos se redujeran considerablemente, afectando el monto recaudado con una caída de casi un 1,5% del PIB sobre la recaudación tributaria que se había proyectado recibir.

Por el lado del gasto existían las conocidas rigideces, como el pago de intereses y salarios, a ello se sumaba la necesidad de contar con los recursos necesarios para mitigar los efectos de la pandemia. Durante la Administración Alvarado Quesada, solo en vacunas contra la covid-19 presupuestamos un monto superior a los ¢120.000 millones. Por esas situaciones la reducción del gasto no se podía realizar a la misma velocidad que la caída en los ingresos.

Fines del convenio con el FMI

Para salir adelante en la situación en que nos encontrábamos, el presidente Alvarado, junto con todo su equipo económico, consideramos necesario llegar a un acuerdo con el FMI. El objetivo primario fue generar confianza interna y externa, el financiamiento que aportaba el FMI siempre fue un asunto secundario.

Como Administración teníamos claro que un Estado fuerte (diferente de un Estado grande), con presencia como movilizador social, abriendo oportunidades, brindando seguridad, proveyendo educación y salud, y luchando por una mayor equidad social, requería que sus gobernantes se ocuparan de su buen y sano financiamiento. Lo contrario sería irresponsable y terminaría llevando a crisis fiscales sin fin que solo generarían mayor desigualdad social y pobreza.

Con ese ideario de fondo, se iniciaron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que culminaron el 22 de enero del 2021 en el acuerdo con el personal técnico del FMI, sobre un servicio ampliado de tres años, que incluía crédito por un monto de alrededor de $1.778 millones.

El acuerdo incorporó medidas de incremento del ingreso y para la contención del gasto, con una sola limitación: el gasto social no podía reducirse por debajo del 1,8% del PIB y dejaba el espacio para que pudiera crecer conforme la consolidación fiscal fuera avanzando.

Entendíamos que la estabilidad fiscal era necesaria para que el Estado pudiera continuar utilizando recursos mediante el presupuesto público para generar bienes y servicios en beneficio de la mayoría de la población, entiéndase educación, seguridad, apoyo social, servicios ambientales y otros.

El acuerdo nos permitía seguir adelante con el proceso de consolidación fiscal, que ya venía realizándose. Obsérvese cómo desde el 2020 se presenta un cambio total en la senda del balance primario y financiero, que empieza a salir de las zonas deficitarias para buscar terreno positivo, gracias a la hoja de ruta establecida y que fue consolidada en el acuerdo con el FMI, tal como puede verse en el gráfico.

El acuerdo con el FMI procuró garantizar la estabilidad, al tiempo que se mantenía el Estado social de derecho. Por ello no se incorporaron políticas como la privatización de empresas, el cierre de instituciones públicas, despidos, ni obligaciones del Estado de desprenderse de patrimonio público (como por ejemplo, la zona marítimo-terrestre), ni mayor apertura para la explotación de recursos naturales, tampoco la pérdida de la garantía del Estado para la banca pública, la cual consideramos un elemento esencial para no agravar la desigualdad social y la concentración de la riqueza.

Al terminar la Administración Alvarado Quesada las finanzas públicas del Gobierno Central quedaron estabilizadas y con una hoja de ruta clara. Dejamos las arcas fiscales con suficiente liquidez para que, a pesar del hackeo de los sistemas de Hacienda, el gobierno no tuviera que pasar ningún tipo de premura.

Los datos al cierre del 2022 ratificaron que la ruta fiscal era correcta: un superávit primario del 2,1% del PIB, ¢640.392 millones por encima de la meta evaluativa acordada (¢287.000 millones), y la deuda pública alcanzó ¢28.223.523 millones, monto por debajo de la meta evaluativa acordada con el FMI (saldo no mayor a los ¢29.566.000 millones). Por su parte, los ingresos totales fueron un 16,6% del PIB en el 2022, superior al 15,8% del PIB del 2021.

Situación al terminar la misión del FMI

De conformidad con el Boletín de cifras fiscales del Ministerio de Hacienda, correspondiente a mayo del 2024, las finanzas públicas mostraron un balance primario positivo por cuarto año consecutivo, al alcanzar el Gobierno Central un superávit primario del 0,7% del PIB.

En cuanto a los ingresos tributarios, se registró una caída interanual del 0,2%, contrastando con el crecimiento del 8,5% registrado a mayo del 2023. El déficit financiero alcanzó un 1,3% del PIB, lo que representa un aumento en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando fue del 0,8% del PIB. La razón deuda a PIB alcanzó un 59,8, un mejor dato que el de cierre del 2023, que fue del 61,1% del PIB.

En síntesis, al cerrar el acuerdo con el FMI, en la parte numérica, tenemos varias situaciones positivas, como son los repetidos superávits primarios y la reducción de la deuda pública; sin embargo, también se presentan varias cuestiones preocupantes, que debemos considerar: la pérdida de impulso en el crecimiento de los ingresos tributarios y en el proceso de reducción del déficit financiero, por el menor tamaño de los superávits primarios.

Unido a lo anterior se presentan varias situaciones de preocupación en el campo de la política hacendaria, que inciden en la buena marcha del proceso de consolidación fiscal y que tienen que ver con la forma como se está afrontando el control del gasto público, entre ellas, la afectación negativa al gasto social, que ha debido ser arbitrada mediante la intervención de la Sala Constitucional; la confrontación permanente con las universidades públicas y la utilización continua de la regla fiscal, y de la escasez de fondos como excusa para evitar la negociación y la búsqueda de soluciones conjuntas y de buena fe con las instituciones públicas y los demandantes de recursos (por ejemplo, el TSE, el Poder Judicial, las universidades).

Debe tenerse presente que la administración de la Hacienda pública por el Poder Ejecutivo (presidente y ministro) requiere mano firme, pero a su vez de mucho tacto para no crear anticuerpos que echen a perder un proceso que ciertamente restringe la posibilidad de atender todas las necesidades y expectativas tanto de las entidades públicas como de los beneficiarios privados de los ingresos presupuestarios.

Otro aspecto negativo y no menos relevante que debe considerarse es la continua acción de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes que establecen excepciones a la regla fiscal, así como aquellas que amplían o conceden nuevas exoneraciones, con lo cual se incrementa el gasto tributario y se reduce consecuentemente el ingreso tributario.

¿Para dónde vamos?

Claramente, debemos ir hacia un nuevo acuerdo con el FMI. “Con el Fondo vamos a mantener los objetivos. Queremos revisar el paquete y negociar para arriba”, fue la afirmación que hizo el presidente al día siguiente de su elección, el 4 de abril del 2022.

¡Ahora tendrá la oportunidad de lucirse! Un nuevo acuerdo que arrancará con la página en blanco y en el cual, además de continuar la senda de la consolidación fiscal, podrá aprovechar para dejar plasmado su ideario.

No dudo ni por un segundo que en esto estará empeñado directamente el mandatario. Por mi parte, haré algunas observaciones… pero será en un próximo artículo.

elianvillegas@ice.co.cr

El autor es abogado y fue ministro de Hacienda.