El éxito no puede negarse; sin embargo, lejos de seguir siendo el modelo del que muchos costarricenses nos hemos sentido orgullosos alguna vez, la educación se ha convertido en la demanda de un derecho jurídicamente exigible que no es asegurado equitativamente.
La pandemia solo vino a tirarnos en cara un problema que lleva años sin ser resuelto, y no por desconocimiento, sino por la indiferencia e inoperancia del sistema.
En el 2015, el IV informe estado de la educación ya revelaba que las desigualdades entre los centros educativos públicos y las instituciones privadas eran enormes. Advertía que, para combatir la brecha de rendimiento, debían atenderse los contextos familiares y sociales donde se desenvuelven los alumnos del sistema estatal, ya que, a diferencia de quienes asisten a escuelas y colegios particulares, los primeros tienden a pertenecer a hogares pobres, cuyos padres tienen una escolaridad incompleta. Incluso, en ocasiones, esos ambientes están permeados por otros factores, como violencia, padres ausentes y crianza de niños por terceros.
Expertos han determinado que es esencial que estos alumnos tengan contacto constante con sus docentes. No obstante, durante la emergencia sanitaria, no ha sido posible por falta de vías alternativas que ofrezcan un acompañamiento real más allá de enviar guías de trabajo autónomo que, aunque fueron concebidas como insumo para evaluar el avance en la formación, son resueltas por otros a cambio de una remuneración y no garantizan el aprendizaje.
Gasto no inversión. No es un problema reciente, puesto que ya en el 2017 la revisión de políticas educativas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mostraba que, aunque el país incrementó la inversión en educación, no aumentó la calidad del aprendizaje.
La situación educativa pública del país arrastra brechas no disminuidas en una coyuntura en la cual estudiantes de centros públicos han enfrentado suspensión de lecciones por huelgas, desastres naturales y pandemia.
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Si el Informe estado de la educación señala que tres meses sin clases presenciales equivalen a un año de rezago estudiantil, eso implica que un estudiante que cursaba octavo año en el 2018 tendría, a la fecha, cuando menos, cinco años de retraso en procesos educativos y así deberá ser recibido el próximo año en la universidad.
No es válido que la ministra de Educación, Giselle Cruz, reconozca que tomará años atender esta problemática, porque muchos sufrirán no un rezago, sino la pérdida permanente de aprendizaje, y su deber como jerarca es velar por que eso no suceda.
Consecuencias inmediatas. Hay una generación que, golpeada por el estancamiento de aprendizajes y las desigualdades que actúan en detrimento de quienes provienen de contextos menos favorecidos, espera soluciones reales que la protejan de los riesgos que organismos internacionales advierten desde hace años, como menos perspectivas laborales y desmejora en su calidad de vida, producto de los elevados niveles de desigualdad.
Estamos en desventaja según las advertencias del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y frente a la tragedia de una ya generación perdida.
El sistema educativo fue abandonado hace mucho tiempo. Sería iluso pensar que en pocos meses se resolverán las falencias que no han sido atendidas en una década y fueron señaladas constantemente, pero los jerarcas del MEP optaron por ignorarlas y vivir del recuerdo de nuestros logros en vez de atender la calidad que nos haría avanzar como seres humanos y como país.
carlos.vindas98@gmail.com
El autor es estudiante de Periodismo en la Universidad de Costa Rica y realiza su práctica profesional en la sección de «Opinión» de «La Nación».